La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón acogió ayer la primera jornada del juicio que analiza la presunta macroestafa inmobiliaria de Burriana por la que un falso promotor, Manuel S.C., se enfrenta a ocho años de prisión. Hasta 27 personas fueron víctimas del supuesto engaño con el que, según sostiene la Fiscalía, el principal acusado se embolsó un total de 828.350 euros con reservas de compraventa de viviendas fantasma.

«Nosotros confiábamos en él, era un amigo íntimo de la familia. Hipotecamos la casa de mis padres para comprar uno de los chalets que nos ofrecía y, tras pedir un préstamo bancario y darle 45.000 euros, nos enteramos de que todo era una estafa», explicó ayer la primera de la larga lista de víctimas que durante cinco jornadas de vista oral declararán contra Manuel S.C.. «No hemos recuperado nada y, encima, hemos tenido que pagar el préstamo. Con los años, hemos sabido que tenía deudas y otras estafas anteriores», apuntó el testigo.

La Fiscalía pide para el procesado ocho años de prisión por un delito de estafa continuada, el pago de una multa de 2.000 euros y la devolución de los 828.350 euros que, presuntamente, se quedó. Según el Ministerio Público, Manuel S.C. simuló ser el dueño de un solar en el PAI Novenes de Calatrava y confeccionó folletos publicitarios para ofertar la venta de chalets, aportando planos y memorias de calidades para hacer creer, según el fiscal, que iba a construir viviendas, siendo consciente de que no era así.

En el banquillo se encuentran también (aunque como responsables civiles subsidiarias) dos mujeres, administradoras de sendas inmobiliarias de Burriana, que ofrecieron información sobre los chalets fantasma a interesados.

COMPROBACIÓN // La Fiscalía las acusa de no comprobar la veracidad del proyecto de Manuel S.C., poniendo a varios afectados en contacto con el presunto estafador. «Este señor se presentó como promotor, nos dio unos planos y nos dijo que nos daría 6.000 € por cada chalet que vendiéramos», relató una de las gerentes, admitiendo que no realizó ninguna averiguación de los chalets.

«Puede que cometiera un error, ¿qué quiere que le diga?, pero en Burriana esto era una práctica habitual», se excusó a preguntas de los magistrados.