El castellonense al que le rajaron la cara el pasado mes de diciembre a la salida de una discoteca de la calle Lagasca ha denunciado, junto a sus familiares directos, estar siendo objeto de seguimientos y vigilancias por parte de un detective privado. La víctima y sus allegados acusan al entorno del agresor --autor confeso de los hechos y detenido tras entregarse en comisaría-- de contratar, presuntamente, los servicios del citado investigador y así lo han puesto en conocimiento de la Policía Nacional de Castellón y de la Fiscalía Provincial.

Según ha podido saber este diario de fuentes del caso, se han iniciado diligencias de investigación, ya que existen dudas acerca de la legalidad del seguimiento.

La familia del agredido se ha mostrado «muy preocupada» ante el «anormal discurrir», dicen, del procedimiento. Los allegados de la víctima sostienen que existe un responsable confeso y critican que sea el herido quien se esté viendo «impropiamente vigilado por el entorno del agresor».

El afectado, de 25 años, recibió tras el brutal ataque en el rostro 23 puntos de sutura. Recientemente, ha sido sometido al reconocimiento del médico forense, quien ha calificado la herida como una «lesión de carácter grave», perpetrada con «un objeto punzante». Ello contradice la versión del procesado, que tiene 20 años y responde a las iniciales J.C.E., quien durante su interrogatorio en sede judicial dijo no haber empleado ningún arma.

El investigado se limitó a decir que fue accidental y que podría haberle causado la herida a la víctima con una cremallera.

OTRO POSIBLE INVESTIGADO /

Cabe destacar, además, que la declaración del hermano del investigado --citado inicialmente como testigo-- se ha suspendido por su «muy probable» imputación como coautor de los hechos, según ha podido saber este diario de fuentes familiares cercanas.

Y es que el Juzgado de Instrucción número 5 de Castellón ha emplazado a las partes a solicitar que sea llamado a declarar como investigado en la causa; un hecho que la acusación particular ya ha pedido a la autoridad judicial.

Mediterráneo ya avanzó el pasado mes de enero que el juez había prohibido a J.C.E. residir en Castellón mientras dure la instrucción del caso. Asimismo, el agresor confeso no puede salir de España sin expresa autorización del juez, que le ha retirado, asimismo, el pasaporte.