Un director de banco de Burriana, que responde a las iniciales J.F.V.D., se sentará el día 13 en el banquillo de los acusados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial, acusado de apropiarse, presuntamente, de más de un millón de euros, creando tarjetas de crédito a nombre de clientes y solicitando préstamos durante 9 años --entre el 2000 y el 2009--.
La Fiscalía pide para él ocho años de prisión por un presunto delito de apropiación indebida, en concurso ideal con una falsificación de documento mercantil y sostiene en su escrito de acusación provisional que el hombre, con evidente ánimo de lucro, utilizó las facultades inherentes al cargo de director que ostentaba para obtener un beneficio ilícito con operaciones delictivas.
EL ‘MODUS OPERANDI’ / El Ministerio Público explica que tramitó tarjetas no autorizadas por las víctimas, disponiendo él mismo, supuestamente, de dinero en efectivo en el mismo cajero de la sucursal bancaria. Asimismo, sostiene que operaba con remesas abonadas por él mismo para obtener una financiación irregular, cubriendo así, posiciones deudoras de otros clientes del banco.
Como tercer mecanismo de su modus operandi, concedía créditos sin consentimiento de los usuarios de la entidad y aumentaba voluntariamente el límite de las pólizas; todo ello alterando documentalmente la firma de los soportes en papel o informáticos que contenían dichas operaciones. Cabe destacar, además, que traspasaba cuantías de diferentes cuentas para ocultar adeudos.
La lista de afectados asciende a 66 personas, según recoge el fiscal en su amplio escrito de acusación. Las víctimas deberán declarar como testigos en el juicio para el que la Audiencia ha señalado cinco jornadas de vista oral.
OTROS CASOS SIMILARES / Hace apenas un mes que el tribunal de la Sección Segunda dictó una sentencia condenatoria contra otro director de banca de la Vall que robó siete millones de euros durante siete años. Mediterráneo publicó en exclusiva el fallo de los magistrados, que condenaba a Salvador Llombart a tres años y cuatro meses de prisión, así como la devolución de los tres millones y 273.000 euros de los que se apoderó entre los años 1998 y 2005, además de otros 30.000 euros por los daños morales que causó a la Caixa Rural Sant Vicent.
La Audiencia Provincial ordenó en ese caso el comiso de las fincas y bienes de Llombart, que se venderán para cubrir las elevadas responsabilidades civiles.
La sentencia judicial declaró probado que el extrabajador de banca --gracias a que su cargo le permitía acceder a los registros contables-- urdió un plan con la finalidad de obtener beneficio, realizando desplazamientos de importantes cantidades de cuentas corrientes a la empresa familiar Fusteria Llombart.
