Al banquillo por una presunta estafa inmobiliaria masiva en Burriana. M.J.S.C. se sienta mañana en el banquillo de los acusados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial para enfrentarse a una pena de ocho años de prisión por haberse quedado, según el escrito de acusación de la Fiscalía, con 828.350 euros de 27 personas, a las que engañó para comprar unas casas fantasma.

El acusado, actuando con propósito de enriquecimiento y simulando ser el propietario de una parcela en Burriana (un terreno que nunca adquirió y sobre el que no tenía derecho alguno), «diseñó panfletos publicitarios, planos y memorias de calidades e hizo creer, falsamente, a los afectados que iba a construir varios chalets, siendo perfectamente consciente de que no era así».

Lo hizo, según mantiene el Ministerio Público --que lo acusa de un delito continuado de estafa y le pide, además de la pena de prisión, 14.880 euros de multa-- durante los años 2005 y 2006.

MODUS OPERANDI / El procesado recibió cantidades de dinero de personas que estaban interesadas en adquirir las viviendas y que fueron entregadas con la creencia de estar comprando los inmuebles que se ofertaban. En dichas operaciones participaron dos mujeres que no se preocuparon, según la Fiscalía Provincial, de averiguar la solvencia del acusado ni realizaron indagación alguna acerca de la titularidad de la finca en la que se ofrecían los citados adosados fantasma.

Los perjudicados perdieron, según el escrito de acusación provisional, cantidades que oscilan entre los 12.000 y los 105.000 euros. El procesado firmó, presuntamente, contratos de promesa de compraventa de los inmuebles con las personas perjudicadas y recibió el dinero en concepto de reserva. Incorporó, según el Ministerio Fiscal, dichos montantes a su propio patrimonio, destinándolo íntegramente a fines privados y no a la adquisición del solar antes reseñado ni a la construcción de los chalets que había prometido a sus clientes.

El dinero que el susodicho se quedó ascendió a 828.350 euros y todos los perjudicados reclaman la indemnización que les pueda corresponder por la estafa.

El acusado estuvo en prisión provisional tras su detención. Concretamente, permaneció privado de libertad del 3 de mayo del 2007 al 25 de agosto del 2008, según consta en el escrito.

La Audiencia Provincial ha señalado cinco jornadas de juicio para abordar un caso que se prevé largo por la cantidad de testigos, peritos y pruebas documentales que se aportarán.