Las acusaciones solicitan hasta 13 años de prisión para los tres empresarios del transporte de viajeros por carretera acusados de organizar viajes piratas y que fletaron el autocar que, en agosto de 1992, se accidentó en Torreblanca ocasionando 46 muertos y 10 heridos.
Once años después, y en medio de quejas, lamentos y hasta insultos de familiares de las víctimas, que han reclamado que los implicados vayan a prisión, se inició ayer la vista en el juzgado de lo Penal 5 de Barcelona.
En el banquillo se sientan Emiliano Pascual Calvo, dueño de la empresa Bus Exprés, su esposa, Carmen Carrillo, administradora de la sociedad, y Manuel Pérez Valero, administrador de la empresa Agrupacar, organizadora del viaje.
Emiliano Pascual se desentendió de la organización del viaje al asegurar que se limitó a alquilar el autocar a Agrupacar, empresa de la que dice no saber nada, pese a que era socio. El empresario afirmó que el autocar era nuevo --dos años-- y que no había pasado la ITV aunque había pedido turno. También reconoció ayer que tenía contratados verbalmente a sus conductores, pero que iba a regularizar su situación laboral en breve. El empresario comentó que nunca les presionó para que corriesen más y aseguró no saber nada de la manipulación del tacómetro.
La esposa de Emiliano Pascual se limitó a declarar que figuraba como administradora, pero que sólo cobraba los viajes.
Manuel Pérez Valero afirmó que Agrupacar no se llegó a constituir al producirse el siniestro y no se explica cómo se vendieron billetes con su membrete.
