Un traficante de cocaína al menudeo, E.F.S.A., se enfrenta a una pena de seis años y cuatro meses de prisión tras protagonizar una espectacular persecución policial por Vila-real, forcejear con los agentes e intentar deshacerse de la cocaína que llevaba en su coche. La Audiencia Provincial de Castellón lo juzgará el próximo día 25 en la Sección Primera por los presuntos delitos de conducción temeraria, contra la salud pública y resistencia.

Los hechos por los que será procesado sucedieron el 3 de mayo del pasado año, a plena luz del día. Sobre las 14.00 horas, E.F.S.A. conducía en dirección contraria, dando volantazos y con los indicativos de emergencia puestos, poniendo en riesgo al resto de usuarios de la vía, según refleja el fiscal en su escrito de acusación.

POR LA VENTANILLA / Agentes de la Policía Nacional de Vila-real le dieron el alto, realizando señales luminosas y sonoras.

El acusado hizo caso omiso, sin embargo, y arrojó por la ventanilla izquierda una papelina de cocaína. Los agentes la recogieron y, al ver que se trataba de droga, iniciaron una persecución policial para darle alcance.

Los efectivos solicitaron refuerzos y comenzaron a seguir al conductor, que circulaba a gran velocidad y poniendo en peligro a viandantes y otros conductores, según la versión de la Fiscalía.

El procesado volvió a lanzar algo por la ventanilla. Esta vez, se trataba de una cartera, que contenía 13 papelinas más de cocaína, con una pureza del 70%.

Los agentes lograron coger al acusado en la carretera de Onda, teniendo que llegar a cruzarse el vehículo policial para que detuviera la marcha. E.F.S.A. se negó a bajarse del coche y llegó, según el Ministerio Público, a forcejear con los policías nacionales, por lo que «estos tuvieron que emplear la fuerza mínima necesaria para reducirlo y poder arrestarlo».

La droga intervenida hubiera alcanzado en el mercado ilícito un valor de 420 euros. La Fiscalía pide imponer al procesado la pena de un año y tres meses por el delito de conducción temeraria, una condena de cuatro años y seis meses por el delito contra la salud pública y otros siete meses por la resistencia.