José Antonio Martín Moya, el policía local de Burriana acusado de abusar sexualmente de menores de edad bajo presiones, ha sido sentenciado a 61 años y seis meses de cárcel. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón lo ha condenado por varios delitos de prostitución y abuso sexual a nueve adolescentes, todos varones y de 14 a 16 años.

Además deberá pagar 104.000 euros en indemnizaciones a los afectados y 48.600 en multas.

Martín Moya se aprovechaba su condición de agente para contactar con adolescentes en situación económica precaria y con un historial delictivo. A estos les prometía mediar en los asuntos policiales o judiciales que tenían pendientes y les entregaba dinero, concretamente, cantidades que oscilaban entre los 20 y 50 euros, como ya adelantó en exclusiva este diario el pasado octubre.

El policía les amenazaba con entorpecer sus causas judiciales, para convencerlos de mantener relaciones sexuales con él. Los chicos, tal y como detalla la sentencia, no oponían resistencia física, ante el temor a represalias.

El tribunal ha destacado la “importante” diferencia de edad entre el procesado, que tiene ahora 40 años, y los menores, hecho que evidencia un desnivel de madurez sexual entre ambos.

Además, en el documento se hace hincapié en las carencias existentes en la personalidad de las víctimas, procedentes de familias desestructuradas, circunstancias ambas “que los hace más vulnerables a la sugestión”.

El relato de los menores, que declararon como testigos protegidos y tras un parabán, fue “creíble”, “coherente”, “proporcionado” y “sin ambigüedades” a ojos de los magistrados, quienes únicamente han excluido de valor probatorio la modificación que realizó uno de los afectados, que agravó en su relato durante el juicio los abusos sexuales a los que fue sometido, asegurando que, en una ocasión, fue penetrado. Un hecho que había negado ante la Guardia Civil, la Fiscalía y los médicos forenses.

La sentencia considera que la difícil situación económica de las familias de los afectados, incluso la vida en la calle de alguno de los menores, “tenía que ser un obstáculo a la satisfacción de los deseos de consumo, incluso modestos, de cualquier adolescente”.

José Antonio Martín Moya lleva dos años en prisión provisional, desde su detención en 2014. H