Carmen tiene 74 años y ha trabajado toda la vida como maestra. Se retiró del mercado laboral a los 61 años y los pocos meses falleció su marido, otro docente jubilado. Hoy Carmen percibe dos pensiones públicas, la de jubilación y la de viudedad, por la que ingresa el 52% de lo que percibía su esposo antes de morir. Es lo que los expertos denominan concurrencia de pensiones y en Castellón este supuesto ya no es tan raro. Al contrario. 15.237 personas perciben en la provincia dos o más pensiones públicas, una cifra que ha aumentado un 26% en los últimos 12 años. Pero esa compatibilidad podría tener los días contados. El Gobierno ha abierto el debate y el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, ya ha dicho que «hay que analizar la situación y prestarle atención», en un momento en el que la Seguridad Social presenta un agujero de más de 18.000 millones.

Los últimos datos que maneja el Ministerio de Empleo, correspondientes al pasado mes de junio, contabilizan en Castellón 112.722 pensionistas que perciben 127.959 pensiones. O dicho de otra manera: 15.237 cobran dos o más prestaciones. De esa cantidad, casi 13.000 son mujeres (83%) mientras que 2.500 son hombres. En el conjunto de la Comunitat quienes reciben más de una pensión son más de 90.000 y España la cifra roza el millón.

Pero, ¿es legal cobrar dos pensiones a la vez? Rotundamente sí. «Es posible y, además, es legal tener más de una pensión siempre que la suma de ambas no supere la pensión máxima, en cuyo caso se deja de percibir el exceso», apunta José Antonio Herce, director asociado de Analistas Financieros Internacionales (Afi) y autor del artículo Las pensiones en las comunidades autónomas.

UN TOPE DE 2.573 EUROS AL MES

La legislación en España permite percibir varias pensiones contributivas a la vez, puesto que se han generado los derechos para ello. Por eso, una mujer que ha trabajado y tiene derecho a su propia pensión de jubilación puede recibir esta y la de viudedad por su marido fallecido, o al revés. Esta concurrencia, no obstante, tiene un límite: no se puede cobrar por la suma de las prestaciones más de la pensión máxima, una cantidad que este año asciende a 2.573,7 euros al mes.

En Castellón el grueso de las personas que perciben dos o más pensiones públicas son mujeres. «La gran mayoría son viudas que cobran una pensión de jubilación y una de viudedad», describe José Luis Almela, secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT-PV, que acusa al Gobierno de lanzar otro globo sonda para meter miedo. «Si se elimina la concurrencia, estos supondría una vuelta de tuerca más y cambiar las reglas del juego a mitad del partido, ya que quienes tienen derecho a percibir dos o más pensiones a la vez han generado esos derechos».

El problema, según los expertos, es que la concurrencia de pensiones va a ir a más. De hecho, ya lo hace. En Castellón, hace tan solo 12 años, quienes percibían dos o más pagas públicas eran 12.107 personas. Hoy son 3.130 más y las cifras se dispararán en las próximas décadas. La razón hay que buscarla en el mayor nivel de ocupación de las mujeres: ellas generarán más derechos de pensión de viudedad para sus maridos o cobrarán su jubilación y la pensión de supervivencia si se quedan viudas. «La concurrencia, que ha sido un fenómeno raro hasta hace unos años, solo puede ir a más como consecuencia de los profundos cambios en el trabajo de las mujeres», argumenta Herce, que pronostica que esa situación hará «crecer el gasto más rápidamente de lo que lo haría en condiciones de no concurrencia».

Mientras el Gobierno decide qué hacer, la segunda fase de la nueva reforma de las pensiones ha echado a andar. Y el objetivo es sanear las cuentas, que encadenan cinco años en números rojos. Además, el agujero se enquista y el 2016 fue el peor. La Seguridad Social ingresó en Castellón en concepto de cotizaciones sociales (el porcentaje de los salarios que se entrega al sistema y que sirve para pagar las pensiones) 988,9 millones de euros, la cifra más baja desde el inicio de la crisis. En cambio, el Estado gastó 1.323,4 millones en abonar la paga a los pensionistas. Un déficit de 502 millones.