Los habitantes de las aproximadamente 600 viviendas ubicadas en primera línea del litoral de la provincia de Castellón que esperaban la prórroga de las concesiones por un máximo de 75 años --para salvarse del derribo en el 2018-- tienen un plazo de unos tres años para regularizarlas. El reglamento general de la ley de Costas contempla en su artículo 172 que el interesado “podrá solicitar la prórroga de la concesión desde la entrada en vigor de la ley 2/2013, de 29 de mayo y, en todo caso, antes de los seis meses previos a la fecha de extinción del plazo para el que fue inicialmente concedida” (es decir, el 2018, según el plazo de 30 años que fijaba la ley 22/1988).

No obstante, el texto no deja claro qué sucederá con aquellas viviendas que tienen la concesión caducada y no la renovaron en su día. “De lo que no tenemos duda es que debemos buscar una solución para estas personas”, asegura el diputado de Sostenibilidad, Mario García, a expensas de interiorizar en el contenido de los más de 200 artículos que incluye el reglamento general.

De hecho, Nules está negociando la protección de las 242 casetas situadas en su litoral con la Dirección General de Patrimonio, dependiente de la Conselleria de Cultura, para la ratificación de las mismas como bien de relevancia local (BLR). El objetivo es claro: blindar los inmuebles y ofrecer un argumento de peso a Costas, como un lugar especial a proteger. La finalidad es lograr en un futuro la denominación de bien de interés cultural (BIC).

EL BIC, INTOCABLE // Y es que la ley es contundente en este aspecto y considera que “un BIC es intocable, aunque esté en área marina”, tal y como recuerda García, quien alega como argumentos que el 95% de los inmuebles son históricos, se construyeron hace más de un siglo y presentan unas características especiales.

También quiere preservar sus edificaciones Cabanes, ya que considera que la zona marítima de Torre la Sal tendría que lograr una especial protección, pues defiende que al igual que en Nules, las edificaciones presentan unas características especiales y singulares que merecen ser preservadas como un espacio de elevado valor. El municipio siempre ha defendido la antigüedad de las construcciones, ya que son anteriores a la aprobación de la ley de 1988 y el objetivo es que los dueños puedan seguir disfrutando de sus inmuebles con los mismos derechos y garantías de los que han disfrutado hasta la fecha.

Por su parte, el alcalde de Moncofa va más allá y considera que además de poner todos los medios para regularizar las viviendas, sin una defensa del litoral no tiene ninguna lógica aumentar las concesiones. “Esta ampliación no tiene sentido si no se llevan a cabo, por parte del Ministerio de Medio Ambiente, actuaciones de defensa del litoral porque en esta zona cabe la posibilidad de que algunas de estas viviendas sean engullidas por el mar antes de que se cumpla la prórroga”, destaca Jaime Picher. El munícipe recuerda que la solución está en el estudio de la Universidad de Cantabria, “que este Gobierno lo ha tenido toda la legislatura escondido en un cajón”.

Y es que respecto a las esperadas obras de regeneración, el texto no especifica actuaciones.

DEBEN ABONAR UN CANON // Por contra, sí establece que los propietarios de esas viviendas deberán pagar un canon anual al Estado de aproximadamente un 8% del valor catastral, por ocupación o aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre. “Es lógico que lo abonen, ya que estos inmuebles no pagan IBI por la situación donde están”. H