Cada vez que Luisa quiere ir a comer a un restaurante tiene que localizar uno que esté cien por cien adaptado. Y en Castellón no son tantos. Igual le ocurre a Juan cuando necesita dinero y acude a un cajero automático en busca de liquidez. Desde su silla de ruedas no alcanza las teclas. La batalla de Bárbara, que también se desplaza en silla de ruedas, se libra en la estación de trenes y en el momento de sacar el billete. Siempre depende de la ayuda de otro pasajero porque no llega a visualizar la pantalla.

Algo tan cotidiano como sacar dinero, comprar un regalo o viajar en tren es casi una odisea para miles de personas que en Castellón tienen movilidad reducida. Y, como Juan o Bárbara, no se tienen que imaginar todas estas situaciones porque las sufren a diario. Desde que se levantan van sorteando obstáculos: aceras mal asfaltadas, bordillos insuperables, ascensores y rampas que no siempre funcionan, cafeterías con el baño en el sótano...

Y todo ello a pesar de que la ley dice que hoy vence el plazo para que calles, plazas y edificios públicos sean cien por cien accesibles. También deben serlo todos los edificios de viviendas. El 3 de diciembre del 2013 se publicó en el Boletín Oficial del Estado, el Real Decreto Legislativo 1/2013, en el que se refundía la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. En la disposición adicional tercera se establecía como plazo máximo el 4 de diciembre de 2017 para que los edificios (todos), restaurantes, comercios, viales, hospitales y estaciones de tren se convirtieran en accesibles. Saltarse la ley implica sanciones que oscilan entre los 301 euros y el millón de euros.

La teoría está muy clara, pero en la práctica la accesibilidad universal sigue siendo una utopía. Basta con salir a calle y comprobarlo. Hay decenas de ejemplos y algunos están en la capital. «Viajar en Cercanías es una odisea debido al desnivel existente entre el tren y el andén y a la escasez de trenes adaptados, como también lo es acceder al edificio de la Subdelegación del Gobierno o al Menador», denuncia Carlos Laguna, presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) en Castellón, que cita otros ejemplos como el edificio del Instituto Nacional de Estadística (INE) o el Hospital General, «donde no hay ninguna sola habitación con un lavabo que sea cien por cien accesible».

Ximo Nebot, presidente de Frater, constata también que lo que dicta la ley no se va a cumplir. «Es cierto que se ha avanzado mucho, pero la realidad es que todavía existen decenas de barreras arquitectónicas y hay edificios, tanto públicos como privados, donde existe una falta total de accesibilidad», sentencia.

FINCAS CON BARRERAS // Si en la calle las barreras siguen existiendo, en los edificios de viviendas tampoco se han hecho los deberes. El Consejo General de Administradores de Fincas de España, en un informe del 2015, reconocía que el 75% de los edificios no eran accesibles. Hoy, dos años después, el dato prácticamente sigue siendo el mismo. «Se han hecho algunas actuaciones y la mayoría de las veces es porque un vecino de la finca lo necesita y solicita y los demás se solidarizan y aceptan bajar el ascensor hasta la cuota cero o poner una rampa», apunta José Sales, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón, que estima que el porcentaje de edificios accesibles sigue siendo bajo.

El grueso de los edificios de viviendas, comercios o restaurantes siguen siendo inaccesibles para las personas con movilidad reducida y uno de los principales obstáculos es el dinero. Eliminar barreras no siempre es barato y el coste lo deben asumir los vecinos o el propio empresario, en el caso de un local comercial. Una rampa para salvar tramos de escaleras puede costar entre 2.000 y 5.000 euros y un ascensor no menos de 40.000 euros.

La realidad es la que es y eso que la ley es muy clara: nada de barreras arquitectónicas desde el 4 de diciembre. Entonces, ¿qué pasará a partir de ahora? Carlos Laguna augura un aluvión denuncias en los juzgados. «Le ley está para cumplirla y lo que hasta ahora se ha archivado a partir de ya no se podrá archivar», argumenta al mismo tiempo que insta a los ayuntamientos a no dar una licencia si la obra no tiene accesibilidad universal.

El presidente de Frater también espera que la normativa acabe por cumplirse. «Lo que reivindicamos es que todo el mundo acate el imperativo legal y que las personas con movilidad reducida puedan desplazarse por la calle, entrar en cualquier edificio o comprar en cualquier tienda con independencia».