El diagnóstico está claro: el interior de Castellón pierde población. La inmigración se ha frenado en seco y no hay relevo generacional. Lo que falta ahora es un tratamiento que consiga darle la vuelta a la tortilla y evitar que decenas de municipios de la provincia sigan desangrándose.
Hasta ahora cada ayuntamiento ha actuado por su cuenta. El problema de la despoblación viene de lejos y para mantener población y no perder servicios (fundamentalmente escuelas), los alcaldes han hecho lo que han podido. Algunos han recurrido a cheques-bebé para incentivar la natalidad. Otros han apostado por pagar el alquiler a aquellas familias con hijos que se instalaran en el pueblo. Soluciones que, sin embargo, no han dado los resultados esperados. «En cada pueblo se hace lo que se puede, pero la clave de todo está en el empleo. Si hay trabajo los vecinos se quedan. Si no lo hay, se marchan a la ciudad», argumenta Mercedes Cortes, alcaldesa de Benafigos, un municipio de poco más de 160 habitantes.
Quien también ha apostado por incentivar la natalidad es la Diputación de Castellón. Dentro de la campaña Repoblem, la institución que preside Javier Moliner, cuenta desde hace algo más de un año con una línea de ayudas económicas por nacimiento o adopción destinadas a familias que residen en municipios con menos de 1.000 habitantes. Para ser beneficiario de esas ayudas, las familias deben tener unas rentas no superiores a los 22.000 euros. Además, la entidad provincial también ha anunciado una inversión para este año de más de 73 millones de euros cuyo objetivo es favorecer la cohesión territorial y la consolidación de la población que viven en los pueblos del interior.
