La polémica suscitada alrededor de la planta de gas Castor ha entrado en una nueva fase, la judicial, que puede conllevar penas de cárcel para los cargos de los ministerios de Medio Ambiente e Industria que autorizaron su puesta en marcha, así como de los responsables de la empresa constructora y gestora, Escal UGS, participada en un 66,7% por ACS, cuyo máximo accionista es el conocido Florentino Pérez.
Los tribunales han decidido tomar cartas en el asunto y dirimir una controversia que, hasta el momento, se limitaba a las quejas vecinales y las críticas políticas entre socialistas y populares sobre quiénes son los responsables de esta infraestructura.
Así, el presunto delito de prevaricación medioambiental, que se le imputa a responsables del Ministerio de Medio Ambiente e Industria, así como a cargos del Instituto Geológico y Minero de España (IGM), lleva aparejada una pena de cárcel de 1,6 a cuatro años, multa de hasta 24 meses, así como la inhabilitación especial para cargo público, de entre siete y diez años.
Por su parte, el presidente de Escal UGS, Recaredo del Potro, y ocho miembros del consejo de administración de la empresa, seis pertenecientes a ACS y los otros dos restantes a la canadiense Castor Limited Partnership (CLP), están imputados por un supuesto delito contra el medio ambiente y recursos naturales. El Código Penal prevé para este tipo de infracciones penas que van de dos a cinco años de prisión y de ocho a 24 meses de multa.
Tras conocerse la imputación, Del Potro ha declinado hacer declaraciones al respecto. “No quiero hablar y, además, estoy fuera de España”, espetó el máximo responsable de la empresa encargada de la construcción y explotación de la fallida planta. H
