El sector cerámico castellonense afronta un nueva dificultad para la exportación de sus productos, un problema de gran trascendencia debido a que se trata de Estados Unidos --el segundo mejor cliente internacional de los fabricantes españoles-- y que ya ha supuesto la devolución de contenedores. En este caso, y según ha podido saber Mediterráneo, la restricción a la entrada de productos Made in Spain deriva de una norma fitosanitaria (ISPM+15) que exige el fumigado de la madera, en este caso los palets que soportan las cajas.

Fuentes empresariales han asegurado que el conflicto no reside tanto en la obligación de fumigar los palets y el nuevo coste que implica, sino en la falta de concreción de la norma a la hora de clarificar la ubicación de los distintivos que certifican la desinfección, así como en la "aleatoriedad" de los controles.

MUY PREOCUPANTE Los empresarios consultados por Mediterráneo califican de "muy preocupante" esta situación que ya ha generado cuantiosas pérdidas entre los fabricantes castellonenses, hasta el punto de que "casi todas las empresas tienen al menos un contenedor de vuelta hacia España en estos momentos", con unas pérdidas estimadas en 6.000 euros por unidad.

Empresas especializadas en la fumigación, como Fumigasa SL, señalan que el conflicto está surgiendo no sólo porque muchas compañías están olvidando cuñar los palets con el distintivo que acredita la desinfectación --imprescindible junto con la expedición de un certificado en papel--, sino porque el diseño de algunos palets dificulta su marcado, lo que lleva a que las firmas sólo marquen el distintivo en una de las partes del palet, en la mayoría de los casos en la parte invisible cuando se abre el contenedor en el puerto americano, pero fácilmente comprobable.

Aun así, en recintos como el de Miami, con un elevado tráfico y por el que entra hasta el 70% de los recubrimientos cerámicos españoles, los inspectores están repatriando sistemáticamente los contenedores, incluso a pesar de que las empresas cuentan con el certificado de fumigación y sin ni siquiera extraer la mercancía para ver el distintivo en el palet en una segunda inspección, un proceso que, por otra parte, también supone un sobrecoste de unos 500 euros. Esta situación contrasta con la de otros puertos, como el de Nueva Jersey, donde los técnicos se prestan a segundas inspecciones por el menor volumen de trabajo.

Las firmas con más suerte han subcontratado a empresas de servicios para que cambie la mercancía de soporte por otro homologado, evitando de esta forma las devoluciones, previo pago de 3.000 euros.