El Plan Hidrológico Nacional (PHN) ha desencadenado siempre una pugna entre las comunidades autónomas. Las regiones deficitarias, como la Comunidad Valenciana, reclaman que las excedentarias, como Aragón, se solidaricen y cedan parte de sus sobrantes hídricos. Este debate, que marca la actualidad diaria, ya se generó en el año 1994.
El ministro socialista José Borrell elaboró un PHN en 1994 que no consiguió el consenso político necesario para sacar el proyecto adelante. Este plan, que también contemplaba un trasvase del Ebro a Castellón, enfrentó a las comunidades leonesa, manchega y valenciana por el control del agua, y se quedó a las puertas del Parlamento.
En el plan de Borrell se preveía que el río Ebro trasvasara un total de 1.642 hm anuales a la cuenca del Júcar y a Cataluña. Una cantidad que con el PHN actual es de poco más de 1.000 hm.
El 21 de julio de 1994, el Consejo Nacional del Agua esbozó el PHN y aprobó el informe que debía dar paso al anteproyecto de ley con los 53 votos a favor y 19 en contra, entre los que estaban Castilla León y Castilla--La Mancha. El entonces presidente de Aragón, José Marco, reiteró su oposición a los trasvases de la cuenca del Ebro.
El Gobierno del PP decidió empezar de nuevo.
