Cinco entidades de defensa de los derechos humanos, agrupadas en la plataforma #Somdefensores, han elaborado un informe que concluye que las cargas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en 92 colegios electorales el 1 de octubre fueron en algunos casos de «alta potencialidad lesiva», atentaron contra la integridad física y moral e incluyeron «métodos de tortura y tratos inhumanos y degradantes».

Jordi Palou-Loverdos, de Novact, aclaró que varias conductas superan la «vulneración de derechos humanos» porque se trata de delitos que entrañan «delitos penales». Anaïs Franquesa e Irene Santiago, de Irídia, exigieron «disculpas públicas» por unos hechos «injustificables» y defendieron que el despliegue policial quiso «sembrar el miedo» para provocar un «daño psico-social». Aina Torres, de Grup Barnils, subrayó que se coaccionó «la labor de los periodistas».

Las cargas policiales no solo atentaron contra la integridad de las personas que las sufrieron, también afectaron de forma directa «a derechos civiles como el de la libertad de expresión, de reunión, de manifestación y de participación en asuntos públicos». El uso de esta fuerza, además, se llevó a cabo sobre concentraciones en las que no había «ningún tipo de disturbio». Los policías fueron recibidos por un número importante de personas «que levantaban las manos» o que «se sentaban en el suelo o en escaleras» para ejercer una protesta de resistencia «pacífica».

El informe será enviado a una veintena de organizaciones que forman parte de la ONU y del Consejo de Europa. Está basado en el testimonio de 70 miembros de #Somdefensores que ese día ejercieron de observadores y 20 psicólogos de Irídia que fueron movilizados para atender a las personas que requirieron su ayuda. También en el relato aportado por 154 víctimas que han contactado el colectivo y en el estudio dedicado a escrutar el material audiovisual compilado.