El colapso en los juzgados de Castellón ya no solo afecta al área de Penal, como ayer informó Mediterráneo, sino que se extiende por la Ciudad de la Justicia. En concreto, los tribunales de Derecho Civil que tramitan asuntos económicos también acumulan expedientes retrasados, reconoce el juez decano de Castellón. Tanto es así que José Luis Conde-Pumpido asegura que la carga de trabajo que están asumiendo estas magistraturas fácilmente puede «duplicar» la habitual.
Es el caso del único Juzgado de lo Mercantil de la provincia, del que se pide uno nuevo «desde hace muchos años»; y del de Primera Instancia número 6 de Castellón, que se ha especializado en las reclamaciones por el establecimiento de cláusulas suelo en los contratos hipotecarios. Además, como a este último tribunal se le ha aplicado una exención parcial de los asuntos ordinarios, estos derivan a su vez en el resto de Primera Instancia, en donde «está generando bastantes problemas», afirma el decano de los magistrados provinciales.
Y la cosa puede ir a peor. Desde el pasado verano «se han disparado» las reclamaciones por los gastos de formalización de hipotecas. Solo en Castellón, la Unión de Consumidores (UCE) ha presentado «decenas» y estima que, en conjunto, en los juzgados provinciales puede haber «centenares», apunta su portavoz, Juan Carlos Insa. Y, tanto ellos, como el despacho Séneor Laboral, afirman que puede haber «una avalancha» una vez la Audiencia Provincial emita una resolución que determine el camino a seguir en los diferentes procedimientos, que recaen en varios juzgados, por lo que las sentencias que ya se han promulgado presentan divergencias al entender que se tienen que devolver todos los gastos hipotecarios o solo una parte.
A favor del consumidor
Por el momento, todas las sentencias de los casos de este tipo en que interviene la UCE han sido «favorables» al consumidor y han condenado a las diferentes entidades bancarias a devolver, total o parcialmente, los gastos de constitución. Los bancos han recurrido ante la Audiencia Provincial, lo que generará, a su vez, mayor carga de trabajo judicial. Solo una sentencia del Tribunal Supremo, que puede estar al caer, clarificaría el asunto. Según sea el fallo, «la avalancha de litigios puede ser bestial», apunta Vicente Arrandis, socio director del despacho Séneor Laboral.
Mientras tanto, los diferentes tribunales siguen acumulando casos. En el Juzgado de Primera Instancia nº 6, de la capital de la Plana, que ya fue reforzado con un juez sustituto y dos funcionarios, incluso se ha tenido que habilitar «una sala de consultas de profesionales», apunta el propio juez decano, en la que expedientes que deberían estar bajo llave se almacenan en el suelo.
No en vano, desde el 1 de junio, cuando se promulgó la orden para la especialización de los juzgados de cláusulas suelo, ha tenido que atender «más de 1.100 asuntos», asegura Conde-Pumpido. Así, en menos de seis meses, la «tremenda» carga de trabajo ha generado «bastantes problemas» en esta y otras audiencias.
En cuanto al juzgado de lo Mercantil, donde la situación «es muy preocupante», señala Arrandis, los retrasos en la tramitación tienen el agravante de que pueden significar «la muerte de las empresas», apunta el abogado.
