La normativa que regula las actuaciones judiciales en materia penal data del 14 de septiembre de 1882. Sí, han leído bien, ya ha cumplido 132 años. Pero ahora tiene los días contados. El próximo 6 de diciembre entra en vigor la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una de las medidas estrella de la agenda reformista de Mariano Rajoy en materia de Justicia y que en Castellón llega rodeada de polémica. Y lo hace con la oposición de jueces y fiscales.

La nueva normativa, que según el Gobierno nace con el objetivo de agilizar la justicia, incorpora novedades como la desaparición de la figura del imputado (se sustituye por investigado o encausado) y regula las escuchas telefónicas y el acceso a los mensajes de Whatsapp. Hasta aquí todo bien. Como punto central, la ley contempla la implantación de los plazos en la instrucción penal: seis meses para los procedimientos sencillos y 18 para los más complejos, en ambos casos prorrogables por el mismo periodo. El problema es que la reforma aprobada por el Parlamento prohíbe expresamente que se dote de presupuesto alguno para aplicar lo dispuesto en ella pese a que, al ser una reforma procesal, se aplica a todos los casos que están vivos en los juzgados.

FALTA DE MEDIOS // Los fiscales de toda España estiman que deberán analizar 700.000 causas penales que están vivas en los juzgados y tribunales (el ministro Rafael Catalá rebaja la cifra a 350.000 causas) y determinar si deben o no prorrogar el tiempo máximo de instrucción. En Castellón, y según datos de la Fiscalía provincial, van a ser 4.090 las diligencias previas a revisar, que son las que están pendientes en los 23 juzgados de instrucción. “Esta nueva función ha de compatibilizarse con las que hasta ahora se venían desempeñando, por lo que el Ministerio Fiscal va a precisar necesariamente un refuerzo de plantilla y así se ha reclamado ya. Ignorar esta necesidad supone postergar de nuevo el ansiado propósito de agilizar la justicia penal imprimiendo la necesaria celeridad a los procedimientos”, argumenta José Luis Cuesta, fiscal jefe de Castellón. Cuesta matiza que “cualquier medida que se adopte en aras de agilizar la justicia penal siempre ha de ser bienvenida”, pero insiste en que la realidad no se cambia simplemente con la publicación de normas “sin una valoración previa de las necesidades materiales y personales que puede suponer el cambio normativo”.

La Fiscalía provincial avisa que faltan medios para poder aplicar los cambios que llegan y el presidente de la Audiencia de Castellón, José Manuel Marco, coincide cien por cien. “Casi toda modificación legislativa necesita una adecuada dotación económica, si se pretende alcanzar los objetivos de la misma. La Disposición Adicional Única de la Ley 41/2015, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que su aplicación no podrá suponer incremento de dotaciones, ni de gastos de personal. Deberá hacerse frente con los mismos medios a la exigencia legal de finalizar la investigación penal previa al archivo o al juicio en los plazos que se fijan. Creo que será muy difícil cumplir el objetivo de la ley de terminar la investigación en los breves plazos que fija, sin una mayor dotación de medios”, añade Marco.

MÁS RÁPIDA y ¿MEJOR? // La tramitación será más rápida, pero eso no significa que el funcionamiento de la Justicia sea mejor. “La aplicación de la ley dará lugar a que la tramitación sea más rápida, lo que no quiere decir que mejore el funcionamiento de la Administración de Justicia, que no mejorará cuando se agote el plazo máximo y la investigación no haya concluido: si en esta situación se archiva el procedimiento, se producirá el cierre en falso del expediente; si se acuerda la progresión a juicio sin una instrucción bien articulada y terminada, difícilmente el juicio servirá para la depuración de responsabilidades” dice Marco.

En la Comunitat, Les Corts ha aprobado que el Consell pida al Gobierno que suspenda los cambios hasta tener los medios personales, materiales necesarios. H