Prestación contributiva, subsidio de desempleo, Renta Activa de Inserción (RAI), Programa de Activación de Empleo... Toda una retahíla de nombres para definir las categorías de la protección social, para clasificar las ayudas económicas que un trabajador en paro puede percibir de los servicios públicos de empleo. Pero de todas ellas solo una, la contributiva, está vinculada a las cotizaciones realizadas durante los periodos trabajados. Es conocida en la calle como el paro. Cuando esta se agota (el periodo máximo es de 24 meses), el desempleado puede recibir alguna de las otras prestaciones siempre que cumpla a rajatabla todos los requisitos que marca la normativa.

En Castellón, casi 22.000 parados reciben algún tipo de prestación Es la parte menos mala. La negativa es que la otra mitad de los parados de la provincia (21.500) subsisten sin ningún tipo de ayuda. En la mayoría de los casos ya no tienen ayudas porque ya las han agotado todas. En otros, porque no cumplen las exigencias para poder beneficiarse de programas como la renta de inserción o el plan Prepara.

De los 21.794 desempleados de la provincia que reciben una prestación por desempleo, 8.864 cobran la ayuda contributiva. Otros 9.827 reciben el subsidio (quien lo solicita no puede tener unos ingresos propios que superen los 530 euros mensuales), mientras que 2.866 perciben la renta activa de inserción, una ayuda económica de 426 euros mensuales destinada a parados de larga duración mayores de 45 años, emigrantes retornados mayores de 45, víctimas de violencia de género o personas con una discapacidad igual o superior al 33%.

UNA POSIBLE RENTA MÍNIMA // A las ayudas ya existentes podría sumarse otra en los próximos meses. El Congreso de los Diputados acaba de aprobar tomar en consideración la proposición de ley para el establecimiento de una prestación de ingresos mínimos de 426 euros para las familias sin recursos, procedente de una iniciativa legislativa popular (ILP) promovida por CCOO y UGT.

Si finalmente sale adelante (todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP y Ciudadanos, dieron luz verde a la iniciativa), la ayuda podría beneficiar a más de 700.000 familias en España. Para solicitarla habría que ser mayor de edad y menor de 65 años, llevar más de seis meses residiendo en España, carecer de recursos (recibir menos del 75% del SMI) y llevar al menos 12 meses buscando empleo.