Los representantes empresariales reunidos para valorar el nuevo anteproyecto de ley de minas de la Comunitat Valenciana, englobados en Fiecova, remitieron ayer sus conclusiones al director general de Industria y Energía, Diego Maciá, con el fin de que se tomen en cuenta sus consideraciones y se subsanen las deficiencias de un texto que, si bien supone un avance porque acaba con casi 20 años de silencio en la regulación del sector, las expectativas no satisfacen al colectivo.

La federación autonómica Fiecova la integran la Asociación de Empresarios de Sílices, Caolines y Arcillas (Aescav), la Asociación de Empresas de Áridos de la Comunitat (Arival) y la Asociación Valenciana del Mármol. Además, este grupo cuenta con la colaboración de otras entidades nacionales como es el caso de la Confederación de Empresarios de la Minería (Condefem), la de Industrias Extractivas de Rocas y Minerales Industriales (Cominroc), la Federación de Áridos (FdA) y la Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos (Anefa) y el Clúster de la Piedra.

Todos sus representantes instaron a que la nueva ley de minas de la Comunitat se circunscriba a criterios generales que se dan en el resto del Estado con el fin de poder «armonizar las medidas en todas las autonomías».