Insostenible. Así describen la situación de los cuatro juzgados de lo Penal de Castellón los sindicatos de justicia, que consideran una «temeridad» el cese de uno de los jueces de refuerzo con el que contaba el Juzgado de lo Penal número 1 --ahora destinado en Mercantil--, un órgano que, debido al colapso que sufre, está señalando juicios para la primavera del 2019, como ya avanzó ayer este periódico.
«Es imprescindible la apertura del quinto juzgado que el Ministerio ha denegado a Castellón y una imprudencia retirar los refuerzos, que se ha pedido que se prorrogaran, dada la actual situación de atasco absoluto», incide el representante de CSI-F, Arturo Losada. Según argumentan desde el TSJCV a Mediterráneo, el área de Penal de Castellón ha llegado a tener, puntualmente, tres magistrados de refuerzo transversal, una medida que, según reconoce el alto tribunal valenciano, «no ha sido efectiva» y ha obligado a diseñar un plan de choque para dar salida a la bolsa de asuntos pendientes de resolver.
Ese plan de choque no es otro que el de la creación de un juzgado de lo Penal bis --anunciado recientemente por la consellera Gabriela Bravo--, pero que todavía no cuenta con el personal necesario y que deben aportar tanto el Ministerio --encargado de asignar a un juez--, como la Conselleria --responsable de los funcionarios de la administración de Justicia--.
Desde el departamento de Gabriela Bravo alegan que «el Ministerio todavía no nos ha informado del nombramiento del juez de refuerzo que debe regir el Penal bis, por lo que no podemos dotarlo del personal que necesita».
Según la Conselleria, fue Bravo quien propuso al decanato de los juzgados de Castellón que solicitaran al Consejo General del Poder Judicial un nuevo órgano bis, ante la negativa del Gobierno a autorizar el tan demandado quinto juzgado de lo Penal para la capital. Y es que, de los siete juzgados que ven los decanos necesarios para la provincia, el Ministerio solo ha concedido uno de 1ª Instancia en Castellón y uno de Instrucción en Nules.
