El Partido Socialista no empezó a cuestionarse cambios de postura política en el tema del trasvase de agua del Ebro a las cuencas del sur del mediterráneo hasta que los resultados de las elecciones catalanas del pasado año propiciaron un gobierno progresista con Pasqual Maragall, del Partit Socialista de Catalunya (PSC), como presidente con los apoyos de Esquerra Republicana (ERC) e Iniciativa Per Catalunya Verds (ICV).

El tripartito, con el líder de ERC Josep Lluís Carod-Rovira como principal instigador, pronto dejó clara su oposición frontal al proyecto de trasvase que proponía el Gobierno del Partido Popular dentro del Plan Hidrológico Nacional (PHN).

Tanto es así, que en el acuerdo que suscribió el tripartito el 14 de diciembre del 2003 por un Gobierno Catalanista y de Izquierdas en la Generalitat de Cataluña, en el apartado séptimo que hace referencia a la Política de gestión del ciclo integral del agua, se especificaba la "oposición al PHN y al trasvase de los ríos Ebro y Ródano en los términos del Compromiso de los Partidos Políticos por el Ebro".

Ese compromiso, firmado también por los tres partidos en el gobierno catalán, fue impulsado por la Plataforma en Defensa de l´Ebre de Tarragona y en él se hacía una demanda explícita de paralizar el PHN. Ayer mismo, una vez consumada la derogación, desde ERC e ICV se afirmaba que se había acabado ya "la pesadilla del PHN".

El PP de la Comunidad Valenciana siempre ha visto en la derogación del trasvase el "peaje" que tienen que pagar los socialistas por el apoyo de Carod-Rovira a Maragall. Esta misma semana la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguraba que la acción del Ejecutivo "está sólo condicionada con sus compromisos con los ciudadanos", negando las acusaciones del portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, de cumplir más los pactos del tripartito catalán que el programa electoral del PSOE.

Las críticas de los populares valencianos en este sentido son contínuas. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, lo dijo el jueves en el Senado: "El decreto de paralización del trasvase se hace contra la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería y pretende parar su progreso, mientras que nace lastrado por un pacto político, el del PSOE con ERC, partido que exigió la derogación para pactar en Cataluña".

Lo cierto es que el debate político sobre el trasvase está en la calle y tuvo su importancia en las pasadas elecciones al Parlamento Europeo. La sensación de abandono por parte del Gobierno de Madrid en beneficio de Aragón y de Cataluña fue uno de los factores clave para que el PP renovase la mayoría en toda la Comunidad Valenciana.