El envejecimiento en Castellón no solo afecta a la población. También lo hace a los edificios en los que reside. Porque si la edad media de quienes viven en la provincia va claramente al alza, a los inmuebles les ocurre exactamente lo mismo. El parón del ladrillo empieza a pasar factura y cada vez son más construcciones residenciales que tienen 60 o incluso más años. Y a más edad, crece la posibilidad de que se conviertan en edificios de alto riesgo, con filtraciones y humedades, cornisas con serio riesgo de desprendimiento y hasta aluminosis.

De las 706.038 construcciones con las que cuenta la provincia, un 32% han sido edificadas entre los años 2000 y 2009. Hasta ahí todo normal. El problema es que otro 33% tiene más de 38 años (más de 234.000 construcciones son anteriores a 1979) y 75.840 superan los 65 años, según los últimos datos de los que dispone la Dirección General del Catastro. Eso quiere decir que una de cada diez construcciones de Castellón fue levantada antes de 1950.

Pese a que la ley Urbanística Valenciana (LUV) establece que todos los edificios con una antigüedad superior a 50 años deben promover, al menos cada cinco años, una inspección para supervisar su estado de conservación, el incumplimiento de la normativa es sistemático. Lo es en Castellón, pero también en la práctica totalidad del territorio valenciano. «En informes de evaluación de edificios con un antigüedad superior a los 50 años estamos totalmente a la cola», ha asegurado en reiteradas ocasiones Jaime Prior, decano del Colegio de Arquitectos de Castellón.

Los aparejadores coinciden plenamente en el diagnóstico. «Llevamos mucho tiempo intentando concienciar a los ayuntamientos de que es necesario sacar la ordenanza de obligatoriedad de conservación de los edificios, con resultado negativo. Solo la tienen un par», resumen. Y este incumplimiento está acelerando el deterioro de decenas de edificaciones de la provincia por falta de mantenimiento y, por lo tanto, poniendo en riesgo tanto a sus residentes como a terceros.

Quienes sí van a tener que hacerlo en los próximos meses van a ser los edificios de la capital. Tal y como ha publicado Mediterráneo, el Ayuntamiento está elaborando una ordenanza municipal mediante la que obligará a pasar una especie de ITV a todos los inmuebles que tengan una antigüedad igual o superior a 50 años. En total, la normativa afectará a unos 19.000 inmuebles y se prevé establecer un periodo de adaptación para que se puedan realizar estos controles. Así, los edificios construidos antes del 28 de junio de 1963 tendrán de tiempo para presentar el informe hasta el 28 de junio del 2018; los construidos antes del 28 de junio de 1964, hasta el 28 de junio del 2019; y los anteriores al 28 de junio de 1965 deberán hacerlo antes del 28 de junio del 2020.

MÁS ANTIGUOS EN EL INTERIOR // No en todos los municipios de la provincia la antigüedad de los edificios es la misma. En las comarcas del interior, los inmuebles tienen más años que en las localidades de la costa y, en prácticamente la totalidad de los municipios de menos de 500 habitantes, algo más de la mitad de las edificaciones son anteriores a 1950. Y un alto porcentaje llevan varias décadas vacías y sin ningún tipo de mantenimiento. Un par de ejemplos bastan para entenderlo. Atzeneta del Maestrat cuenta con 2.182 edificaciones, de las que 1.073 tiene más de 65 años. En Forcall, con 805 construcciones, 548 se levantaron antes de mediados del siglo pasado.