Un total de 48,5 millones de euros es el riesgo urbanístico que, a corto plazo, puede poner en apuros --más todavía-- a las arcas municipales de Vila-real. Así se señala en un informe elaborado por el departamento de Intervención del Ayuntamiento, a requerimiento del Ministerio de Hacienda, después de que desde el consistorio se remitiera a este organismo estatal la previsión de que las cuentas del 2017 se cerrarán, definitivamente, con un déficit de unos 800.000 euros, a causa de los cerca de cinco millones que la ciudad tiene que abonar por varias decisiones firmes del Jurado de expropiación.

El alcalde, José Benlloch, hizo pública ayer esta información «para que los ciudadanos sepan cómo afecta esto a la ciudad y también para que los responsables del Ministerio comprendan cuál es la realidad que, por desgracia, estamos viviendo a causa de la nefasta gestión del urbanismo por los anteriores ejecutivos locales del PP en Vila-real».

PLEITOS // En concreto, Benlloch señaló que, en estos momentos, hay en curso 89 pleitos judiciales contra el Ayuntamiento, 37 de ellos reclamando compensaciones por la ocupación o expropiación de terrenos, en su mayoría durante la etapa de gobierno liderada por el popular Juan José Rubert, que suman casi 20,2 millones de euros. Entre las demandas se encuentra la de 14 millones de euros del Banco de Santander por la urbanización del solar de la antigua nave de Fritta --programa anulado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV)-- o los 800.000 euros que reclama la administradora concursal de Piaf por las facturas que el Ayuntamiento defiende que son falsas y, por tanto, no abonó el actual equipo de gobierno. Un asunto que está paralizado en lo contencioso-administrativo al estar en curso una investigación por la vía penal por un presunto caso de corrupción.

Por otra parte, a esta cifra se añaden los 28,3 millones que, en un periodo de dos o tres años, se verá obligado a abonar el consistorio vila-realense, una vez el Jurado Provincial de Expropiación resuelva las otras 37 solicitudes que este organismo estudia.

«Esta situación nos impide preparar el futuro como nos gustaría, porque además está el préstamo de 20 millones que nos dejó el PP», aseveró el alcalde.