El Ayuntamiento de Vila-real denunciará finalmente por la vía penal las presuntas irregularidades observadas en la relación contractual entre la empresa Piaf y el consistorio gobernado por el PP liderado por el exalcalde Juan José Rubert, entre los ejercicios del 2006 al 2011, al apreciarse “posibles delitos de falsedad, prevaricación y malversación”.
Así lo anunció ayer el primer edil vila-realense, José Benlloch, tras estudiar el informe elaborado por los abogados y que, según asevera, les “exigen y aconsejan” que emprendan “nuevas acciones judiciales para defender los intereses de la ciudadanía de Vila-real”. Un documento que la junta de gobierno ha declarado “secreto y confidencial” para asegurar una mejor defensa, ya que en él se detallan novedades y argumentos que llevan a los juristas del Ayuntamiento a recomendar la presentación de la denuncia.
Benlloch hace énfasis en las “facturas irregulares por trabajos que no se realizaron o que efectuó personal municipal” que emitió la empresa Piaf --ahora en concurso de acreedores-- por un importe próximo a los 600.000 euros, “que el exalcalde Rubert endosó a una entidad bancaria el día antes de la toma de posesión del nuevo equipo de gobierno, incluso habiendo renunciado ya a su acta de concejal electo”.
PROCESO // Precisamente, este es uno de los motivos que argumentan los abogados del consistorio y que suscriben el munícipe y sus socios de gobierno para emprender, “de inmediato”, acciones legales en este asunto. “Tanto el exalcalde como la administradora concursal recurrieron el decreto de anulación de las facturas falsas, lo que provocó la apertura de procedimientos judiciales que, finalmente, se agruparon en uno solo que sigue vivo en el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Castellón”, explica.
Y es en este proceso donde se les “reclama” que paguen “las facturas anuladas y acreditadas como falsas, por lo que el Ayuntamiento ha tenido que contratar servicios jurídicos y se han producido ya daños para las arcas municipales”. Y a ello se suma la posibilidad de que el banco al que Rubert endosó los 600.000 euros reclame al consistorio esa cantidad ante la justicia.
FISCALÍA // Benlloch recuerda que la Fiscalía de Castellón archivó la investigación de las facturas irregulares de Piaf --de 277.000 euros en trabajos de mantenimiento en varias áreas y otros 290.000 por el certificado de final de obra de la jefatura de la Policía Local, “que también hizo Piaf y que no acabó”--, “al considerar que no hubo perjuicio para el consistorio, porque no se llegaron a pagar”.
Un perjuicio que el munícipe afirma que ahora sí que se da, porque ya han “gastado más de 30.000 euros” en la defensa en el juzgado “ante la reclamación de la administradora concursal, algo que el fiscal desconocía”.
Benlloch niega “cualquier interés electoralista” en la decisión de llevar el caso Piaf ante los tribunales. “Si fuese así, no habríamos acordado el secreto y la confidencialidad de esta actuación, sino que hubiésemos dicho todo lo que sucedió al respecto”, asevera el munícipe vila-realense. H
