Bajas del 34,57, 37,82 e incluso del 40,5%, consideradas como «temerarias» por los técnicos municipales, están retrasando en unos 10 días la adjudicación del contrato del servicio de mantenimiento de calzadas de vías públicas y caminos rurales. Y ello, mientras arrecian las críticas al Ayuntamiento de Vila-real por el mal estado en el que se encuentra un buen número de viales del término municipal, especialmente procedentes de sus principales usuarios: los agricultores y trabajadores del campo.

Hasta el viernes tuvieron las firmas que presentaron rebajas excesivas en el precio final a pagar por el consistorio por la prestación del servicio para justificar las mismas. Ahora son los técnicos municipales quienes tienen que valorar los argumentos, lo que determinará si excluyen o no a alguna de las mercantiles.

En cualquier caso, el concejal de Servicios Públicos, Francisco Valverde, se muestra convencido de que la adjudicación se producirá a lo largo de la próxima semana para poder arrancar las tareas de reasfaltado de caminos rurales «lo más pronto posible». Al respecto, el edil hace hincapié en que a final de año van «a invertir cerca de 400.000 euros en estas infraestructuras viarias». Aun así, lamenta que el proceso se haya dilatado porque son «conscientes de cuál es la situación y la reclamación de los agricultores», por lo que van a atender con este plan «la práctica totalidad de sus reclamaciones», puntualiza.

Desde el equipo de gobierno reconocen que casi toda la red de vías rurales requiere de una «actuación decidida», salvo aquellos tramos en los que se trabajó meses atrás. Especial urgencia tienen caminos como Na Boneta, Sant Jordi, la Mar, Assagador, Molí Roqueta, Molí Llop o Tercer Sedeny, entre otros. En cualquier caso, Valverde afirma que tendrán en cuenta las peticiones que se hagan al respecto desde el sector, en especial, desde los sindicatos y los colectivos agrarios.

EMPATE TÉCNICO // Se da la paradoja de que Pavasal Empresa Constructora, Becsa y Durantia Infraestructuras, las tres mercantiles que finalmente compiten por hacerse con el contrato, empataron a puntos en las valoraciones técnicas. De manera que la oferta económica es la que, una vez descartadas o justificadas las bajas temerarias, determinarán la contratación. Y en el supuesto de continuar algún empate, serán aspectos como tener en la plantilla personas con discapacidad o trabajar por la paridad entre sexos los que decantarán la balanza, según explica la concejala de Hacienda, Sabina Escrig.