El alcalde de Vila-real, José Benlloch, reconoció ayer que hay «dudas jurídicas» a la hora de exigir a la Generalitat valenciana los 4,6 millones de euros que el Ayuntamiento abonó a los propietarios de los terrenos expropiados para ejecutar la ronda suroeste.
Al respecto, el munícipe señaló que «hubo un acuerdo verbal entre la Administración autonómica del momento y el consistorio gobernado por el PP, en el sentido de que el municipio asumiría la adquisición de las parcelas y la entonces Conselleria de Infraestructuras acometería la construcción de la carretera, lo que dificultaría reclamar judicialmente la cantidad que fue abonada».
El munícipe matizó que no hay ningún documento que plasme un acuerdo concreto, «que es lo que debería haber hecho el ejecutivo local, en el que se estableciera que la ciudad adelantaba el pago de los terrenos y que posteriormente los compensaría la Generalitat, pero eso no fue así y, por lo tanto, se genera un problema importante en este sentido derivado de aquel error».
Asimismo, Benlloch explicó que únicamente se le podría reclamar al Consell los 4,6 millones de euros «en el caso de que la circunvalación no se llevara a cabo, porque la Administración autonómica habría incumplido su parte del acuerdo». Una situación que, tanto el primer edil vila-realense como el resto del equipo de gobierno, consideran que no se va a producir, al entender que la Generalitat «sí que cumplirá su compromiso de construir el vial», tras la adjudicación de la redacción del nuevo proyecto de obra.
CONEXIÓN // Un proyecto que, además, incorpora la conexión de la ronda con al N-340 --a la altura de las instalaciones de la ITV--, una aportación que, como insistieron en destacar a Mediterráneo desde la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio «no se incluía en el plan anterior» de la circunvalación de la ciudad por el oeste, «que había sido paralizada por el anterior Gobierno valenciano del PP».
Como ayer publicó este rotativo, la Conselleria no contempla abonar los 4,6 millones pagados por el consistorio para adquirir el suelo para la ronda, alegando que, entre los compromisos adquiridos en su día entre ambas administraciones, «figura que el Ayuntamiento aporta los terrenos y la Generalitat ejecuta las obras. Así consta en la memoria del proyecto y ese ha sido el acuerdo que se ha mantenido siempre». Y recuerdan que se trata de un eje urbano que, «una vez finalizados los trabajos, no pertenecerá a la red de carreteras de la Comunitat, sino que será un vial municipal».
