Un total de 14 son, por el momento, las diligencias de embargo que la Agencia Tributaria ha remitido al Ayuntamiento de Vila-real para que retenga las ayudas a familias necesitadas de la ciudad, a modo de embargo por el dinero pendiente de recibir al tener deudas con alguna Administración. Así lo ha informado el alcalde, José Benlloch, quien asegura haber dado la orden de frenar la tramitación de las órdenes de embargo en cuestión, hasta que no mantenga una reunión con el delegado de la Agencia Tributaria en Castellón para estudiar las posibles soluciones a esta situación que el munícipe califica de “claramente injusta”.

Al respecto, la intención de Benlloch es la de hablar hoy mismo con el responsable castellonense de Hacienda. “Lo más grave de esto es que estamos hablando de embargar las propias ayudas sociales que se dan desde el Ayuntamiento para que las familias puedan hacer frente a gastos como los de alimentación, agua o electricidad, con la finalidad de que ese dinero vaya a las manos del Estado, cuando se trata de personas que si tienen deudas es porque no pueden pagarlas de ninguna manera”, asevera el munícipe vila-realense.

Para el alcalde, el problema estriba en que la obligación del consistorio es tramitar los requerimientos de este tipo que se efectúen desde el Ministerio de Hacienda. “Es algo muy duro y, por ahora, lo que hemos hecho es paralizar el proceso hasta analizar la situación y ver qué podemos hacer”, señala Benlloch, quien añade que está dispuesto a acudir a los tribunales para defender el derecho de las familias a recibir este tipo de apoyo económico que les permite subsistir.

NECESARIAS // En cualquier caso, el primer edil matiza que se trata de los subsidios complementarios que otorga el Ayuntamiento, más allá de la renta básica de ciudadanía, que ronda los 440 euros, “y que no puede embargarse bajo ningún concepto”. Y hace hincapié en que las ayudas complementarias municipales “se dan siempre con informes técnicos, en los que se avala que son estrictamente necesarias”, a la vez que añade que “cada euro que no llegue a estas familias aumenta el sufrimiento de personas, porque requieren esta aportación para seguir adelante”.

Benlloch destaca que, entre los casos reclamados, están los de familias que tienen como única propiedad su casa hipotecada. H