+
Accede a tu cuenta

 

O accede con tus datos de Usuario de El Periódico Mediterráneo:

Recordarme

Puedes recuperar tu contraseña o registrarte

 
 
   
 
 

SENTENCIA DEL AÑO 2006

Completan en 10 días el derribo de las casas ilegales junto al Millars, en Vila-real

 

Las cuatro casas adosadas ya forman parte de la historia, tras completarse su derribo. - MANOLO NEBOT

JOSEP CARDA 07/03/2018

Las viviendas ilegales que se construyeron junto al Millars, con entrada por el camino Vora Riu del Madrigal, hace unos 15 años y que la justicia ordenó derribar al levantarse sobre suelo no urbanizable de protección medioambiental, conforme a lo que establece el Plan General de Ordenación Urbano aprobado en el 1994, ya son historia pasada.

Ayer por la tarde, las cuatro casas adosadas, cuyos propietarios vaciaron la pasada semana de los elementos susceptibles de poder aprovecharse en un futuro, quedaron reducidas a unos escombros que desde primera hora de la jornada varios camiones se encargaron de retirar de los terrenos afectados por la medida.

De esta forma, los dueños de los inmuebles cumplen en solo 10 días --en principio desde el consistorio hablaron de hasta un mes-- con el compromiso adoptado con el Ayuntamiento de Vila-real, a quien la justicia requirió cumplir la orden de demolición en base a la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Castellón, de fecha 18 de julio del 2006, en el sentido de demoler los mismos y restituir en este espacio la legalidad urbanística.

Acaba así una larga historia que se ha prolongado durante tres lustros y que tuvo su inicio en la construcción de los cuatro adosados en un suelo protegido en el que, desde la autopista AP-7 y hasta el límite con el término municipal de Onda, existen en torno a 60 inmuebles cuya ilegalidad ya ha prescrito y que en su gran mayoría se levantaron antes de que el PGOU de 1994 protegiera la ribera más próxima al río Millars para evitar una mayor proliferación de masets.

FALLO JUDICIAL // Y es que la Audiencia de Castellón ratificó en el 2007 la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Castellón en el 2006, ordenando el derribo de los edificios y condenando a sus cuatro propietarios y al constructor que inició las obras a siete meses de prisión y una multa, en pagos diarios durante 13 meses, que sumaban algo más de 3.500 euros para cada uno de los cinco encausados.

Todo arrancó, como reza el fallo de la Audiencia, con la denuncia de un particular ante el Ayuntamiento --entonces presidido por el popular Manuel Vilanova-- respecto a la ejecución de las casas en cuestión. Tras la inspección realizada por los técnicos municipales, el consistorio ordenó la paralización de las tareas. Sin embargo, estas prosiguieron hasta acabar las mismas.

Una actitud que obligó al Ayuntamiento a poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía, lo que puso en marcha la maquinaria judicial que finalmente acabó con una sentencia condenatoria para los cuatro hermanos y el empresario por un delito contra la ordenación del territorio.

Por su parte, el alcalde, José Benlloch, insistió: «Como institución, tenemos la obligación de acatar los autos judiciales y no incurrir en un delito».