Más de 1.000 son los expedientes que acumula el departamento de disciplina urbanística de Vila-real desde el 2004, abiertos al cometerse infracciones tanto en suelo residencial como en terrenos industriales.

Una cifra que ha bloqueado literalmente el área municipal encargada de resolver los casos, motivo por el cual el concejal de Territorio, Emilio Obiol, informó ayer del inicio del proceso de contratación de un gabinete externo al Ayuntamiento. Este, durante seis meses, trabajará para solucionar el mayor número de los expedientes administrativos que se han acumulado por “la sobreabundancia de trabajo en Urbanismo y, como mínimo, por la nefasta gestión de los gobiernos locales del PP, que dejaron sin resolver tanto órdenes de ejecución como infracciones urbanísticas”.

El principal objetivo de la iniciativa es, según indicó Obiol, “legalizar, en la medida de lo posible, aquellos inmuebles construidos sin licencia y siempre ajustándonos a la normativa”. Y, “en los casos que afectan a actividades industriales y empresas, que se puedan conceder autorizaciones ambientales”, para facilitar la actividad industrial.

El concejal de Territorio señaló que la mayor parte de los esfuerzos se concentrarán en las dos áreas más problemáticas de la ciudad en este sentido: la zona industrial de la carretera de Onda y el área residencial del Madrigal.

Asimismo, reconoció que algunos de los procesos abiertos habrán caducado y tendrán que archivarse mientras que, al resto, se les intentará dar una solución y legalizar las construcciones, algo para lo que insistió el edil que se estará “en el marco de lo que marca la nueva ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunitat”.

Obiol insistió en que “alguien (en referencia al PP) tendría que dar explicaciones por estos más de 1.000 expedientes sin resolver desde el 2004; y no son los servicios técnicos que, además, trabajan con pocos recursos”.

LA INVERSIÓN // En la contratación del gabinete externo al consistorio para que trabaje en la resolución de “la grave problemática” generada por la acumulación de expedientes relacionados con infracciones urbanísticas en suelo residencial e industrial, el Ayuntamiento invertirá 49.600 euros. H