El magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vila-real tomó ayer declaración a los dos primeros exediles de la última legislatura de gobierno municipal del PP citados como testigos en el procedimiento abierto para dirimir si se produjeron delitos en la relación contractual entre el Ayuntamiento y la empresa Piaf.
Pese a que tanto Teresa Andrés como Javier Nácher llegaron con bastante antelación a las instalaciones judiciales --estaban convocados a las 12.00 y las 12.30 horas--, su declaración no se produjo hasta pasadas las 14.00 horas. Fue, según aseguró Nácher, una comparecencia «rápida».
Ambos declinaron dar explicaciones de lo que contaron ante el juez, aunque Nácher mantuvo su opinión de que este es un proceso «político e, incluso, puede que personal», en referencia a que el actual ejecutivo liderado por el socialista José Benlloch decidió denunciar el asunto ante los tribunales --en especial aquello relacionado con los 600.000 euros de facturas presuntamente falsas que el exalcalde Juan José Rubert avaló a través de un endoso presentado por Piaf--, «pese a que la Fiscalía decidió archivarlo».
Los restantes siete ediles del PP del 2007 al 2011, incluido el actual portavoz, Héctor Folgado, están citados para comparecer el 7 y el 14 de noviembre. H
