El Ayuntamiento de Vila-real destinará los 1,7 millones que le adeudaba la Generalitat valenciana por la construcción de la Biblioteca Universitaria del Coneixement (BUC) a liquidar toda la deuda con los proveedores que queda pendiente del ejercicio 2016 y «a equilibrar el presupuesto». El alcalde, José Benlloch, explicó ayer a este periódico que la previsión es que, aproximadamente, un millón de euros se destine a este cometido antes de febrero para iniciar el año a cero en este sentido y los aproximadamente 500.000 euros restantes se sumarán a los remanentes a repartir en abril del próximo año.

Con el plan de ajuste puesto en marcha, en este ejercicio se han celebrado varios plenos extraordinarios para aprobar el pago de más de dos millones de euros a proveedores. Una iniciativa que permitió hacer frente a facturas por valor de 1,8 millones de euros solo durante el verano, al que posteriormente se han sumado nuevos abonos. De hecho, el último ha tenido lugar este mismo mes, cuando el pleno extraordinario aprobó la semana pasada el pago de otras 300 facturas de empresas proveedoras del Ayuntamiento, que suman algo más de 241.000 euros. Una cuantía que llegará a un total de 120 personas, entre autónomos, pequeñas y medianas empresas y asociaciones. En este sentido, el primer edil aseguró que una de las prioridades del equipo de gobierno «ha sido y seguirá siendo abonar lo que se debe a las empresas locales para que cobren cuanto antes por el trabajo prestado».

dentro de plazo // «Las pequeñas firmas son fundamentales para nuestra economía, queremos que puedan cobrar por sus servicios en el menor tiempo posible», apunta el primer edil. De hecho, la intención del munícipe es que a partir del próximo ejercicio, los proveedores puedan cobrar dentro del plazo establecido.

Asimismo, aun con la liquidación de los 1.763.000 euros de la deuda de la Generalitat valenciana por la nueva biblioteca, la institución autonómica todavía tendrá que pagar los intereses de demora, que deberá calcular la justicia en cuanto se haga firme la sentencia, que falló a favor del consistorio de Vila-real y en contra de la decisión unilateral del anterior Consell del Partido Popular de aplazar el pago de la deuda hasta el año 2021.