El Fondo Social de Viviendas de Alquiler acaba de asignar a Vila-real una primera tanda de 41 pisos, que se ofertarán a familias que requieran de una casa por la que se pague un alquiler de los denominados sociales y que, en principio, oscilan entre los 150 y los 400 euros para toda España, y con un límite máximo del 30% de los ingresos de la unidad familiar, según se establece en el convenio suscrito, entre otros, por la Federación Española de Municipios y Provincias; los ministerios de Economía, Asuntos Sociales y Fomento; el Banco de España; y la Plataforma del Tercer Sector, constituida por diversas oenegés.
Una cifra de viviendas que ha sido muy bien acogida por la concejala de Servicios Sociales de Vila-real, Mònica Àlvaro, quien destaca que “es un número muy importante, ya que en todo el país se han repartido 6.000”.
En concreto, la mayor parte de las viviendas las aporta Bankia (19), a la que siguen Banco de Santander (7), BBVA (4) y Nova Galicia (3); y en menor medida Bankinter, Caixa Bank, Banco Español, Banco Popular y Sabadell.
Y es que, según explica la edila Àlvaro, serán los propios bancos “los que informarán a sus potenciales clientes de las viviendas que aportan al fondo social”. Y antes de conceder el alquiler, las entidades financieras solicitarán informes de los solicitantes, “sobre si son perceptores de alguna ayuda, lo que se responderá en un plazo máximo de 15 días”.
En cualquier caso, la concejala vila-realense de Servicios Sociales asegura a Mediterráneo que a principios de semana se informará directamente de los precios de alquiler que cada banco pondrá a sus pisos. Unas tarifas que, una ciudad como Vila-real, Àlvaro considera que no deberían superar los 200 euros mensuales, “salvo alguna vivienda concreta que por sus dimensiones requiera un mayor importe por ella”.
La edila insiste en que para la concesión de los alquileres “se tendrán en cuenta las condiciones de especial vulnerabilidad” de las familias peticionarias. H
