El próximo jueves, 23 de noviembre, es la fecha elegida para que el director general de Obras Públicas de la Generalitat, Carlos Domingo; y el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Manuel Niño, pongan sobre la mesa los pros y los contras de la propuesta que la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio aporta para conectar la futura ronda suroeste de Vila-real con la N-340, a la altura de la ITV y del camino Assagador. Una reunión a la que también ha confirmado su asistencia el concejal vila-realense del área, Emilio Obiol.

Una conexión que, como adelantó Mediterráneo el pasado 28 de octubre, pasa por construir una rotonda de 60 metros de diámetro al mismo nivel que la carretera estatal. Una solución que, en principio, no parece ser del agrado del Ministerio que, en todo caso, apostaría por una glorieta a diferente nivel, con la finalidad de que no se viera afectada la circulación por la N-340. Una idea que incrementaría el coste final de la infraestructura que la ciudad viene reclamando desde hace más de una década y que los sucesivos gobiernos de la Generalitat no han llegado a ejecutar, pese a que el consistorio asumió el coste de los terrenos expropiados para construirla y que superó los 4,5 millones de euros.

En cualquier caso, el edil Obiol recalca que «la responsabilidad de ejecutar esta necesaria circunvalación es exclusivamente de la Conselleria», si bien matiza que desde el Ayuntamiento se acompañará a los responsables autonómicos a la cita con Niño para defender la necesidad de llegar a un acuerdo que desbloquee definitivamente «un vial básico para el desarrollo de la ciudad».

OTROS EJEMPLOS // Desde la Generalitat defienden que la glorieta de 60 metros de diámetro que se propone es «suficiente, legal y ligada a la intensidad del tráfico». Una justificación que, en principio, parece no compartir el Ministerio de Fomento. En este sentido, Obiol recuerda que ya existen glorietas de este tamaño, o incluso menor, en algunos puntos de la N-340, «como es el caso de Tarragona Sur o Calp donde, curiosamente, el alcalde es el presidente de la Diputación de Alicante, gobernada por el PP».