Los propietarios de cuatro viviendas construidas de forma ilegal junto al río Millars, en uno de los caminos que bordea el río en dirección a Onda, en el término municipal de Vila-real, iniciaron ayer los trabajos de retirada de enseres y materiales susceptibles de poder ser aprovechados, antes de la demolición definitiva de los inmuebles, por orden judicial.

Así lo pudo comprobar Mediterráneo y corroborar, a preguntas de este rotativo, el propio alcalde, José Benlloch, quien asegura que desde el ejecutivo local se ha intentado en todo momento que este fuera un proceso lo menos traumático posible. Con todo, la pasada semana llegó al Ayuntamiento un último requerimiento firme, según confirma el munícipe, de cumplimiento de la sentencia, que comporta la restitución de la legalidad urbanística y, por lo tanto, el derribo de las cuatro casas en cuestión.

«Los dueños han decidido comenzar el trámite de forma voluntaria, por lo que se les ha dado un plazo para retirar aquello que pueda serles útil y, después, derruir las construcciones», indica Benlloch. Una actuación de la que asegura que el consistorio hará un seguimiento para que se dé cumplimiento a la resolución.

La Audiencia ratificó en el 2007 la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Castellón, de fecha 18 de julio del 2006, que ordenaba la demolición de los inmuebles y condenaba a sus cuatro propietarios y al constructor que inició las obras --aunque posteriormente no las continuó-- a siete meses de prisión y una multa, en pagos diarios durante 13 meses, que sumaba algo más de 3.500 euros.

Tras diferentes recursos por parte de los afectados, el fallo se hizo firme y el juzgado dejó en manos del consistorio, en quien recaen las competencias en urbanismo municipal, el cumplimiento efectivo del mismo.

Al respecto, Benlloch puntualiza: «Nosotros, como institución, tenemos la obligación de acatar los autos judiciales, bajo apercibimiento de estar incurriendo en dos delitos que son graves: el de desobediencia y el de prevaricación, en el supuesto de llevar a cabo acciones que dificulten hacer efectivas la sentencias».

Asimismo, el munícipe hace hincapié en el «cuidado» con que se ha llevado este proceso que, afirma, «se inició en el 2002, con el expediente de paralización de las obras abierto durante el ejecutivo local liderado por el popular Manuel Vilanova, que posteriormente pasó a Fiscalía y finalmente tiene que ejecutar este equipo de gobierno». Y añade que «es el primer derribo de este tipo que ejecuta el consistorio». H