El magistrado del Juzgado de Primara Instancia e Instrucción número 1 de Vila-real ha decidido alargar la investigación para esclarecer si se abre juicio oral o no por el caso de las facturas que, por importe de 600.000 euros, emitió la empresa Piaf para su pago por parte del consistorio. Facturas que la firma llegó a cobrar de un banco, gracias al endoso que firmó poco antes de abandonar su cargo el exalcalde popular Juan José Rubert.

El juez atiende de esta forma la petición formulada por el Ayuntamiento, como acusación particular, dirigida a identificar a los responsables de la mercantil en el momento que se realizaron los recibos, después de que Antonio Pons --en principio, investigado en la causa-- alegara que en aquellos tiempos no formaba parte de la firma en cuestión.

En concreto, este rotativo ha podido saber que se trata de Alejandro Pons y otro miembro del consejo de la mercantil en ese momento que, muy probablemente, serán llamados a declarar por el magistrado en calidad de investigados (antes imputados), como ya lo hicieran el exalcalde Rubert y el que fuera su concejal de Servicios Públicos, Ramón Tomás.

El juzgado ha declarado la “complejidad del proceso” para poder alargar la investigación hasta los 18 meses. H