La jueza responsable del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vila-real ha devuelto a la Fiscalía de Castellón el conocido como caso coach, en el que el Ministerio Fiscal denuncia la posible comisión de irregularidades por parte del alcalde, José Benlloch; y de los concejales socialistas Emilio Obiol y Sabina Escrig, en la contratación de un servicio de asesoramiento para diversas áreas municipales.

Y lo devuelve para que el fiscal informe sobre las competencias judiciales en este asunto, al tener en cuenta que Benlloch es un cargo aforado al ser diputado en Les Corts, por lo que, en principio, la decisión de imputarle o no por esta denuncia correspondería al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV).

Así lo han confirmado desde el Alto Tribunal valenciano, desde donde aseguran que “el Juzgado número 4 ha recibido el aforamiento del alcalde y ha solicitado informe a la Fiscalía sobre la competencia” en este caso.

De esta forma, la petición formulada a este respecto para que los tribunales investiguen sí existen o no irregularidades toma un nuevo rumbo que, además, podría alargar el procedimiento iniciado como consecuencia de la denuncia planteada inicialmente por el conjunto de ediles del PP en el Ayuntamiento ante la Fiscalía Anticorrupción, en Madrid, de la que esta se inhibió y que trasladó a la de Castellón para iniciar el proceso que creyese oportuno.

“ANOMALÍAS” // El propio alcalde de Vila-real José Benlloch, fue quien hizo público el pasado mes de noviembre el decreto del fiscal por el que se advertía la posible comisión de un delito de malversación de fondos públicos y otro de falsedad documental, respecto a la contratación de la empresa Ypsilon para trabajos de asesoría.

Una actuación que el munícipe afirmó que estaba “plagada de anomalías”, y reiteró la legalidad de las contrataciones y lamentó que la actuación de la Fiscalía le originó “indefensión”, al considerar que no se han cotejado los documentos aportados por el PP, a la vez que no les han permitido explicarse “como sí lo hicieron en el caso de los 600.000 euros en facturas irregulares de Piaf”. H