El litigio que mantiene la empresa adjudicataria de la construcción y gestión del párking subterráneo de Pius XII con el Ayuntamiento de Vila-real, por el que la firma exigía una indemnización al consistorio de 3,7 millones de euros, llega al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJ), después de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Castellón diera la razón a la Administración local.

Y es que la mercantil ha decidido recurrir el fallo del Juzgado castellonense ante el Alto Tribunal valenciano, al considerar que se lesionaron sus intereses, al no cumplirse el compromiso aprobado en junta de gobierno durante el último ejecutivo municipal del PP, liderado por el exalcalde Juan José Rubert, en el que se decidió la compra para uso del consistorio de un total de 130 plazas de aparcamiento por un importe próximo a 1,8 millones de euros.

Además, también exigen compensaciones por el sobrecoste que originó la decisión del ejecutivo popular --posterior a la adjudicación del proyecto-- de construir sobre el estacionamiento la nueva biblioteca municipal.

SIN ACUERDOS // Al respecto, el alcalde de Vila-real, José Benlloch, explica: «Cuando accedimos al gobierno municipal, en el 2011, la obra ya estaba totalmente paralizada. Intentamos llegar a un acuerdo entonces, pero nos encontramos un Ayuntamiento con un 72% de endeudamiento, nueve millones de euros en facturas por pagar y con serias dificultades para estudiar como gestionar esta obra, por lo que se le reclamó a la empresa finalizar el proyecto y explotarlo».

Como consecuencia de esta reclamación, la mercantil presentó un expediente de resolución de contrato unilateral que el consistorio rechazó. Y es a mediados del 2014 cuando esta inicia el contencioso judicial que, ahora, se encuentra en el TSJ, a la espera de una resolución que puede tardar entre uno y dos años.

En cualquier caso, y pese a que el asunto está ahora en manos del Alto Tribunal valenciano, Benlloch asegura no cerrarse a llegar a un acuerdo para zanjar este conflicto, aunque matiza que no tienen «interés en una gestión municipal de este párking». Un extremo que se suma al rechazo mostrado por otras empresas para hacerse cargo del mismo.