Los «mazazos urbanísticos» continúan en Vila-real en lo que el alcalde, José Benlloch, cataloga como un «rosario de la aurora de sentencias judiciales». La última asciende a 1,2 millones de euros y llega por la ocupación de una parcela privada para realizar la salida hacia Castellón, a través de la apertura de la avenida França.

Una decisión que se esperaba y que vuelve a hacer temblar las arcas municipales. Concretamente, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Castellón condena a la ciudad a pagar 910.211 euros, a la que sumarían unos 300.000 euros en intereses generados desde el 5 de noviembre del 2009, momento en el que actuaron sobre los terrenos.

Además, por primera vez, la resolución recalca que se hizo una «ilegitima ocupación», por lo que interponen un pago adicional del 25%. «El juez ha considerado que lo que hicieron es una burla absoluta a la ley porque, a sabiendas de que lo que estaban haciendo estaba mal, no les importó ejecutarlo», explicó el primer edil.

responsabilidades // Por esta razón, el Ayuntamiento estudiará demandar «responsabilidades personales» a quienes autorizaron en su momento este expediente. En aquella época, el equipo de gobierno del PP tenía a Juan José Rubert de alcalde y Alfredo Sanz era el edil de Urbanismo. «De momento, vamos a recurrir la decisión, a ver si podemos ahorrar dinero a los vecinos, pero después habrá que ver cómo fue el proceso y sus gestores, y si el asunto tiene entidad como algo punible, porque no es ninguna broma», afirmó Benlloch.

Al respecto, el munícipe mandó un recado al actual portavoz popular, Héctor Folgado: «Era concejal en aquel momento y no puede tener la cara dura de dar lecciones, y nosotros aguantar críticas sobre gestión tras lo que hicieron, como en este tema que supera toda la imaginación».

MÁS DENUNCIAS // La sentencia actual, que data del pasado 9 de enero, podría no ser la única, ya que, según el primer edil, «hubo más afectados por la construcción de esa avenida» y en este caso solo hablan «de un particular».

Unas exigencias colectivas que podrían suponer para el consistorio un coste de 10 millones de euros, ya que los dueños de los solares piden el pago de los mismos en concepto de expropiación.

Por otro lado, Benlloch anunció que interpondrán «un recurso de apelación al TSJCV para discutir desde cuándo cuentan los intereses, ya que fue en 2011 cuando empezó a rodar el tráfico, aunque lo que es evidente es que se hizo un empastre y se ocupó ilegalmente un terreno».