Las negociaciones con los afectados por operaciones urbanísticas del PP van muy bien». Ese fue el mensaje optimista que trasladó ayer el alcalde, José Benlloch, en una rueda de prensa dedicada a las alegaciones al presupuesto del 2018 que acabó con este anuncio. La semana pasada ya dio a conocer la intención del consistorio de llegar a acuerdos con los propietarios perjudicados por resoluciones del Jurado de Expropiación de cuestiones de urbanismo del ciclo 1996-2011, años en los que gobernó en la ciudad el PP.

«Quiero agradecer el esfuerzo de parte de los dueños de terrenos con sentencia firme. Nuestros técnicos valoraron en torno a 4,3 millones las reclamaciones a abonar, de los 12 que demandaban los damnificados, y ya hemos entregado unos dos millones, pactando las condiciones con alrededor del 50% de los implicados», informó el munícipe.

CONDICIONES // El buen ritmo alcanzado en el proceso tendrá progresos la semana que viene. «Habrá novedades en positivo», según el primer edil. Además, recalcó las condiciones y las prioridades a la hora de pagar. «Aquellos que faciliten los trámites al Ayuntamiento, cediendo en los intereses, alcanzando un consenso y renunciando a ir a un pleito recibirán el dinero antes, procedente del préstamo que conseguimos recientemente», señaló.

El propio Benlloch adelantó la semana pasada que el objetivo es llegar a acuerdos que garanticen «el equilibrio entre pagar lo que se debe y prestar los servicios que requiere una ciudad como esta».

Al respecto, destacó que la cantidad económica que se pueda ahorrar mediante estos pactos con personas que tuvieron problemas con sus terrenos se destinarán «para la ciudad». Puso como ejemplo los 50.000 euros que invertirá el consistorio para la nueva residencia dedicada para los enfermos de alzhéimer.

PRESUPUESTO // En otro orden de cosas, el alcalde informó en su comparecencia de las siete alegaciones que ha recibido el presupuesto del 2018. Entre las mismas, tres tienen que ver con sentencias urbanísticas de los gobiernos populares. «Son de propietarios que exigen que las cuentas incluyan la cantidad que se les adeuda, acogiéndose a una resolución del pasado 21 de febrero, pero hasta que no se cumplen seis meses no están en disposición de reclamar el pago», dijo.

Otras tres son por asuntos de personal --una es del sindicato de policías-- y la restante es de la compañía Plana Baixa, encargada de urbanizar el PAI Madrigal, que pide 3,5 millones de euros, un abono que el Ayuntamiento no contempla, a la espera de los resultados de la auditoría.