El alcalde de Vila-real, José Benlloch, confirma el interés del Ayuntamiento de alcanzar un acuerdo para que las instalaciones de la Fundación Dolores García --creada por expreso deseo de Juan Flors, alma máter de Fundación Flors--, que ocupan una superficie de 7.000 m2 y que cuentan con un bar y pistas de pádel, «no acaben convirtiéndose en un vertedero y algo sin utilidad», después de que se haya consumado el embargo, a través de una orden judicial, por una deuda de 260.000 euros con un banco.

El munícipe asegura que han venido manteniendo conversaciones con la entidad financiera y su inmobiliaria, «y han mostrado su disposición a llegar a un pacto con el consistorio». Y es que, según explica Benlloch, el terreno en cuestión está catalogado como dotacional deportivo y educativo en el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vila-realense, «por lo que en él no pueden construirse viviendas, solo podría habilitarse algún tipo de club privado que tendría una dudosa rentabilidad hoy por hoy».

USO MUNICIPAL // El alcalde reitera que van «a trabajar para que este recinto sea para el pueblo», aunque hace hincapié en que no puede avanzar ninguna solución porque aún no la tienen. «Se están estudiando todas las posibilidades que hay desde el punto de vista jurídico», dice. Y añade que también habrá que profundizar en lo relativo a «las deudas de la Fundación Dolores García y en la gestión realizada, porque el Ayuntamiento representa a todos los vila-realenses» y no pretenden ponerse «en ningún lío».

Benlloch apunta que los 7.000 m2 de terrenos, ubicados en la esquina de las calles Ermita y Cordó, «podrían utilizarse para una futura ampliación del colegio Fundación Flors, integrar parte del recinto --en referencia a las pistas de pádel-- en el Servei Municipal d’Esports, o usarse como aparcamiento, entre otras cosas». Y reitera que se trata de una situación «muy complicada».

COMUNICADO // Mientras, la fundación remitió un comunicado ayer, firmado por su presidente, José Luis Peteiro, en el que critican las formas que acabaron con el «intolerable desalojo del pasado 18 de enero» y la pérdida del trabajo para seis empleados de estas instalaciones.