El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Vila-real, Héctor Folgado, aseguró ayer que el riesgo urbanístico que podría derivarse del incumplimiento, por parte del Ayuntamiento, del acuerdo firmado en junio del 2014 con los dueños de los terrenos sobre los que se construyó la Ciutat Esportiva Municipal (CEM), supondría que el consistorio tendría que abonar 5,7 millones de euros.

Folgado hizo hincapié que esta «es la única infraestructura que ha realizado el actual equipo de gobierno y las parcelas se consiguieron ocupándolas sin pagar ni un euro, algo que el ejecutivo ha criticado siempre cuando lo impulsaba el Partido Popular».

Al respecto, el líder local del PP afirmó que este mes de junio se cumple el plazo acordado con los dueños de los solares sobre los que se ejecutó la CEM y la zona verde anexa para que se les compensara la cesión, por lo que estos pueden iniciar el procedimiento para reclamar que les expropien sus propiedades, lo que supondría pagarlas con dinero.

Asimismo, Folgado se refirió a que el concejal de Territorio, Emilio Obiol, «dijo que si los promotores no reactivan la urbanización de la Bassa d’Insa se cumplirá el convenio, por lo que cabe preguntarse porqué en este caso sí y en los acuerdos del ejecutivo popular no se hace lo mismo».

«Esto también es urbanismo a coste cero», dijo. Y añadió: «El bloqueo de Benlloch al nuevo PGOU es el origen del problema».