El portavoz del PP de Vila-real, Héctor Folgado, argumentó ayer que el nuevo varapalo económico al que tiene que hacer frente el Ayuntamiento por la cesión de un terreno detrás del colegio José Soriano es fruto de los derechos que la ley reconoce al propietario afectado, «ya que en 1993 los socialistas decidieron calificar el solar de su propiedad como dotacional educativo».

«Así lo reconoce la propia sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana», explicó Folgado. El edil del PP ha denunciado que todos los vila-realenses tienen que abonar «no solo el valor de la expropiación, sino también las costas y los intereses de demora que puedan derivarse, como consecuencia del Plan General de Ordenación Urbana de los socialistas y de la nefasta gestión del alcalde, José Benlloch». El propio Benlloch informó el jueves de que los tribunales obligan al consistorio a expropiar de manera formal 2.600 metros cuadrados y cuantificar su coste, que se fija en cerca de un millón de euros.

Folgado ha acusado así al primer edil de «mentir e inventar cortinas de humo, porque la gente no entiende cómo un munícipe que está subiendo la contribución a los residentes está gastando millonadas comprando palacios». Asimismo, el portavoz popular ha censurado que el primer edil «saque ahora un tema que sabía desde el 2015».