El Ayuntamiento de Vila-real ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Castellón que obligaba a volver a su propietario el solar que en el 2010 ocupó el entonces ejecutivo del PP liderado por el exalcalde Juan José Rubert, para dar forma al actual parque del Botànic Calduch, frente al colegio del mismo nombre.

El objetivo no es otro que intentar evitar que se consume esta devolución y, a su vez, dejar sin efecto la valoración efectuada por el perito judicial que durante el proceso la estableció en 4,5 millones de euros, una cifra a la que habría que sumar los intereses devengados desde el 2010 y que la elevaría a 5 millones.

«MALA GESTIÓN» // El alcalde, José Benlloch, hace hincapié en que no se trata de que estén en desacuerdo con que el PP «hizo una mala gestión del asunto», sino que no comparten «el valor que se le da a los terrenos». Un valor que reiteró que «el consistorio no puede asumir en ningún caso».

El primer edil asegura estar abierto a negociar con el dueño. «Estamos dispuestos a sentarnos con él, porque somos conscientes de que no se les ha pagado absolutamente nada por un jardín que ahora utilizan los ciudadanos», afirma. Y añade: «No queremos dejar a este área sin este espacio de ocio y es por ello que desde el ejecutivo local se hará todo el esfuerzo posible para adquirirlo».

Por su parte, el representante legal del dueño de las parcelas deja la puerta abierta a negociar con el consistorio. Sin embargo, aseguran que se basarán en la valoración de 4,5 millones de euros efectuada por el perito judicial, si bien no descartan rebajar ligeramente sus pretensiones y que, si finalmente se pacta un precio, que este pueda abonarlo el consistorio en varias anualidades.

Desde la propiedad del terreno consideran que la estimación del valor del suelo que se realizó durante el proceso judicial «es la correcta» y, por tanto, defenderán la validez del fallo ante el TSJCV.

En cualquier caso, el Alto Tribunal valenciano podría tardar unos dos años en dictar sentencia en este asunto. Un fallo al que, para la propiedad, no debería esperarse para intentar llegar a un pacto. «Si se da un dictamen favorable a nosotros ya no negociaremos a la baja», afirman.