La unanimidad marcó ayer la aprobación del punto más espinoso del pleno extraordinario que celebró la corporación de Vila-real. Y es que todos los grupos políticos con representación municipal --PSPV, Compromís, PP y Ciudadanos-- votaron favorablemente a la resolución del convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y la mercantil PKL Real Estate Agency SL, que los populares en solitario --entonces al frente del gobierno de la ciudad-- avalaron en diciembre del ejercicio 2008 para desarrollar el solar que quedaría tras demoler la nave de Fritta.

Sin embargo, y pese a anularse definitivamente el acuerdo para llevara cabo este programa con la empresa PKL --que en la actualidad está culminando su disolución, según indicó el alcalde, José Benlloch--, continúa viva la reclamación por vía administrativa que el Banco Santander, como propietario actual del suelo, realiza al Ayuntamiento para que se le compense con 14 millones de euros, después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJ) dejara sin efecto la modificación puntual del PGOU que el anterior ejecutivo local del PP avaló para recalificar de suelo industrial a residencial los cerca de 117.000 m2 de superficie de las antiguas naves de Fritta.

RESPUESTA // A este respecto, el alcalde Benlloch informó ayer de que el consistorio vila-realense ha redactado la respuesta desestimatoria de las pretensiones del banco para que se le indemnice con 14 millones y que, como explicó, “se ha remitido al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat para que dé su aval y, después de ello, enviarlo al demandante”.

Por el momento, la reclamación patrimonial realizada por el Banco Santander es un expediente administrativo, aunque todo indica a que el conflicto tendrán que dilucidarse en los tribunales. En este sentido, el munícipe aseveró: “Mi obligación es defender los intereses de la ciudad y eso mismo haré hasta el final”.

Por su parte, durante la explicación de la propuesta del departamento de Urbanismo al pleno, el edil del área, Emilio Obiol, recordó que “una de las actuaciones estrella de este pelotazo urbanístico era el rascacielos de 20 plantas que se preveía construir en una parcela que ocupaba solo el 14% de la superficie y en la que se concentraba el 33% de la edificabilidad de todo el solar”.

Asimismo, Obiol calificó la modificación puntual del PGOU avalada por el PP en el 2008 para recalificar de industrial a residencial los terrenos de Fritta y la calificó de “operación impropia”, a la vez que reiteró que, “en las universidades, esto se estudia como pelotazo urbanístico”.

El portavoz del Ciudadanos, Domingo Vicent, puso este caso como ejemplo de que, “una vez más, se demuestra la mala gestión urbanística de los últimos años, que miraba más por las empresas que por las personas” .

EXPLICACIONES // Por su parte, desde el PP, la edila Marisa Mezquita insistió en que el convenio ahora anulado “llevó una tramitación administrativa impecable y contó con los informes favorables, tanto técnicos como jurídicos”.

Por último, el portavoz de Compromís, Pasqual Batalla, aseguró que “lo que hoy --por ayer-- se arregla aquí es una decisión política de una recalificación que hizo el PP para poder construir un edificio de 20 plantas y de la que varias personas se sintieron afectadas”. H