El equipo de gobierno cuatripartito de Vila-real estudia concertar alguna operación crediticia para garantizar el pago de inminentes sentencias urbanísticas, al menos, parte de las mismas. Según explicó el alcalde, José Benlloch, esta operación se realizaría “aprovechando que en los últimos tres años se ha rebajado el endeudamiento municipal del 72% al 53%”. Además, señaló que los fallos judiciales “suponen un mazazo para las arcas municipales y no queremos vernos obligados a suprimir prestaciones como consecuencia de la nefasta política urbanística que llevó a cabo el PP, llena de empastres”.

Además, el consistorio ha reservado 800.000 euros, procedentes de los remanentes del ejercicio 2013, para afrontar estos casos. En concreto, las decisiones que ya son firmes pero para las que la justicia aún no ha dictado la orden de ejecución corresponden a las expropiaciones que en su día ejecutó el anterior equipo de gobierno, con el popular Juan José Rubert a la cabeza, para lograr los terrenos que restaban para el colegio José Soriano, así como el solar para la Escuela Oficial (EOI) de Idiomas, para los que los magistrados han dictaminado un precio de unos 2,2 millones.

A este respecto, Benlloch, reconoce que la situación “es muy complicada, por lo que hay que ir trabajando para ir cuadrando las piezas en la gestión municipal con responsabilidad y dando siempre la cara”, en referencia a las continuas reuniones mantenidas en los últimos meses con propietarios afectados por expropiaciones u ocupaciones de terrenos en la anterior legislatura que reclaman que se les pague.

En cualquier caso, asevera que, además de este tipo de cuestiones, “el consistorio tiene que hacer frente a la gestión diaria y no podemos recortar en áreas como Servicios Sociales o en materia de empleo, por lo que, en su momento, se le trasladará al juez que la situación es la que es y que, como alcalde, no puedo renunciar a tareas que son necesarias para la ciudadanía de Vila-real”.

PRÉSTAMO // La medida financiera que ya ha tomado el consistorio es la refinanciación del plan de pago a proveedores, lo que permitirá al gobierno municipal actuar con libertad y no estar atado por las restricciones del Estado.

Además, la operación permitirá ahorrar a la administración local 175.000 euros, ya que, el nuevo crédito ofrecerá mejores condiciones para devolver el dinero que se le ha otorgado. H