El equipo de gobierno de Vila-real, liderado por el socialista José Benlloch, informó ayer en Junta de Portavoces de la decisión del ejecutivo local de rechazar «por injusta» la revisión de la ponencia de valores catastrales remitida al consistorio por el Gobierno.

Al respecto, tanto Benlloch como la concejala de Hacienda, Sabina Escrig, explicaron a los representantes de todos los grupos con representación municipal que la aplicación de la misma, «tal y como la plantea la Dirección General del Catastro, supondría, para mantener los niveles de recaudación actuales, que la mitad de la población pagaría entre un 5% y un 50% más, mientras que la otra mitad pagaría entre un 5% y un 50% menos».

En concreto, el documento refleja un incremento de los valores de viviendas en barrios y zonas más periféricas, mientras que rebaja los que afectan a propiedades urbanas ubicadas en el centro del casco urbano. «Ello, unido a que estamos inmersos en un proceso de revisión del plan general, hace del todo inaceptable esta nueva ponencia», afirman.

La revisión se produce poco más de un año después de que el pleno del Ayuntamiento aprobara por unanimidad solicitarla al Gobierno central, con el objetivo de ajustar los valores a la realidad del mercado, después del estallido de la burbuja inmobiliaria.

LOS MOTIVOS // El rechazo del consistorio a esta propuesta de revalorización se fundamenta, según indicó la concejala Escrig, «en los informes de los técnicos municipales, que detectan una grave dispersión de valores, en función de la ubicación de las viviendas, lo que generaría una aplicación injusta de la política impositiva, por lo cual este equipo de gobierno seguirá el consejo de los técnicos que, hoy mismo --ayer para el lector-- han emitido un informe desfavorable». Y añadió que el documento resultante se remitirá a la Dirección General del Catastro «para paralizar la aplicación de esta nueva ponencia».

Entre los argumentos que esgrime el arquitecto municipal destaca el hecho de que, en estos momentos, Vila-real «está reiniciando la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, que genera nuevos usos y expectativas que afectarán a los valores de las futuras viviendas». Un procedimiento que acaba de solicitar de nuevo el Ayuntamiento a la Generalitat. Y a esta situación se suma la modificación puntual del PGOU sobre el régimen jurídico del suelo, que se tramita en la actualidad «para poder dar salida a la enorme sangría de aprovechamientos urbanísticos heredada del PP», insistió la concejala de Hacienda.

OCHO MILLONES MENOS // Además, la aplicación de los nuevos valores generaría, según explicó Escrig, una reducción de ocho millones de euros en la recaudación del Ayuntamiento en concepto de IBI, lo que es «absolutamente inviable para una ciudad como la nuestra, y más teniendo en cuenta el lastre de sentencias y resoluciones urbanísticas que arrastramos de ejecutivo popular».

Y añadió: «No podemos consentir que unos vecinos, precisamente quienes residen en zonas menos acomodadas, se vean agraviados por esta situación».