El Ayuntamiento de Vila-real pedirá formalmente al Gobierno central la revisión de los valores catastrales, con el objetivo de ajustarlos a la realidad actual del mercado, por debajo de los valores de la última ponencia, que empezó a aplicarse en el 2006.

El alcalde, José Benlloch, que convocó el jueves una Junta de Portavoces con todos los partidos con representación en el consistorio para abordar el tema, ha informado de la unanimidad por parte de todos los presentes a la hora de pedir al Ministerio de Hacienda y Función Pública la actualización de los valores, después de mantener una reunión con la Dirección General del Catastro hace un mes.

“La antigua valoración, que se hizo durante el mandato del PP, es brutal y afecta a los impuestos que han pagado los vecinos durante años”, explica Benlloch. “En aquel momento, fueron muchos los ciudadanos que presentaron alegaciones, con las que el PP fue insensible y prepotente, ya que la vivienda es un derecho fundamental con el que algunos pretendían especular”, señala. Por este motivo, el primer edil recuerda que “a pesar de la crisis, que ha rebajado el precio de los terrenos y viviendas, los valores catastrales siguen siendo muy superiores al valor de estas propiedades”, indica, “por ello, vamos a solicitar un estudio completo de todo el mercado inmobiliario para comparar”.

Tal y como señala el primer edil, “el Catastro reconoce que hay viviendas y terrenos que podrían estar un 20% por encima del precio de mercado y propone evitar la revisión de la ponencia general, a cambio de rebajar un 10% los valores el próximo año y otro 10% más en 2019”. Sin embargo, ni el primer edil ni el resto de líderes de los grupos municipales están de acuerdo con esta propuesta y se ha decidido solicitar la ponencia general.

“Han pasado 10 años desde la última vez que se revisó y sabemos que se puede conseguir más de lo que se nos propone, por lo que nuestra intención es que se rebaje de manera definitiva”, asevera Benlloch. No obstante, aclara que para que esta rebaja en los valores catastrales se produzca debe pasar tiempo. “El Ministerio necesita una partida económica específica para hacer un estudio previo financiada al 50% por el Gobierno y el Ayuntamiento debería reforzar la estructura municipal para que los vecinos puedan venir a asesorarse, con horarios más amplios, que podría suponer la aportación de alrededor de unos 120.000 euros”, explica. Así, “por muy rápido que se hagan estas gestiones, la revisión podría ser efectiva alrededor de mitad o finales del 2019”, afirma.

Y aclara: “La revisión afectará a los impuestos derivados de la compra, venta o herencia de bienes, pero no al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que se quedará como está estipulado a partir de este año, para no incurrir en ningún error que nos lleve a incumplir la ley de estabilidad presupuestaria de Rajoy”. “Mientras el PP aprovechó cada año de su legislatura para subir el IBI un 20%, nosotros lo congelamos y rebajamos, hasta que en 2016, y fruto de la herencia recibida, nos vimos obligados a tomar una decisión para hacer viable el modelo de ciudad, en el que cada sentencia urbanística del PP y cada vez que suben el precio del tratamiento de las basuras, nos afectan, no podemos ser tan irresponsables como para permitirnos jugar con la estabilidad de la ciudad”, indica.