Tribuna

Más allá de siglas y acuerdos

Sebastián Pla

Estrenamos año con nuevo Gobierno. Por fin. Una afirmación que, a priori, solo puede ser positiva a tenor de los meses de incertidumbre e inestabilidad que llevamos a la espalda. Así, la lógica nos lleva a pensar que su puesta en marcha significará la reactivación de la administración pública, la aprobación de nuevos Presupuestos Generales del Estado y un impulso para el crecimiento económico.

El Gobierno que encabeza Pedro Sánchez ha generado dudas antes de estrenarse. Posiblemente por ser el primero de coalición en más de 40 años de democracia en España; quizás por las divergencias en algunas de las líneas que avanzó el pacto de gobierno PSOE-Podemos o, al o mejor, por el débil apoyo de la cámara para lograr la investidura. En cualquier caso, el tiempo nos dirá si un gobierno en minoría es mejor que un gobierno en funciones, como el que había hasta ahora. Los empresarios de Castellón confiamos en que así será.

No debemos perder más tiempo debatiendo sobre las preferencias de unos y otros. No importa qué coaliciones gubernamentales gusten más o cuáles menos. Este debate debe sustituirse por el del análisis de las propuestas que en materia económica, laboral o social vaya planteando el nuevo Ejecutivo.

Precisamente el hecho de contar con un apoyo mínimo y la necesidad de pactos pone en valor la interlocución de las instituciones con los agentes sociales al objeto de alcanzar consensos. Desde las organizaciones empresariales le tendemos la mano al nuevo Gobierno. Más allá de siglas y acuerdos, hay que abogar por el diálogo para concretar medidas que afectan al interés general y buscan el bien común. Por eso aplaudimos que le presidente del Gobierno califique esta legislatura como la del «diálogo».

No entenderíamos, pues, que la reforma laboral se modificara sin tener en cuenta la opinión de los empresarios. Gobierno, sindicatos y organizaciones empresariales debemos seguir en la línea de buscar grandes pactos, como hemos protagonizado en muchas ocasiones y con los que hemos contribuido a la mejora de la economía y el empleo en momentos de crisis, avanzando con ellos hacia una sociedad más equitativa y con mayor cohesión social. Podemos consensuar los cambios que necesitamos en estos momentos.

Los empresarios no perdemos de vista la coyuntura económica en la gestión de nuestras empresas. Cualquier decisión que tomamos tiene que ver con el contexto en el que trabajamos. Esta premisa, como es lógico, tendría que ser también válida para el Ejecutivo, al que pedimos que se apoye en datos y perspectivas para decidir sus políticas públicas.

Esos datos nos dicen que asistimos a una desaceleración sincronizada y cada vez más pronunciada del crecimiento mundial, que ha pasado del 3,6% en 2018 al 3,0% en 2019, el menor crecimiento desde la última crisis. Según los datos, se consolida también la desaceleración de la economía española --en el tercer trimestre de 2019 creció un 1,9% en tasa anual-- y se confirma que la Comunitat Valenciana no es una excepción con un cremimiento que estimamos que en 2020 se sitúe entre el 1,6% y el 1,8%.

EN ESTE ENTORNO de ralentización nuestro principal reto será no perder competitividad y entre los riesgos que nos pueden llevar a perderla están la implantación de políticas económicas que resten competitividad al tejido empresarial, como una política fiscal meramente recaudatoria, o que la toma de decisiones sea sin el consenso de los agentes sociales.

La falta de recursos sobre otro tipo de políticas y reformas necesarias, como las de pensiones, o la falta de un mayor impulso a la innovación, la digitalización y las infraestructuras, también supondrán un riesgo para nuestra competitividad. Todos, partidos políticos y agentes sociales, deberíamos actuar con responsabilidad y favorecer el clima de estabilidad y moderación que necesitamos para generar confianza, riqueza y contribuir a la creación de puestos de trabajo.

Nos preocupa el elevado nivel de endeudamiento de nuestro país, situado en el 97,8% del PIB, y también que el aumento anunciado de más gastos pueda financiarse exclusivamente a través de aumentos de tipos impositivo sobre el tejido empresarial, cuando existe margen para incrementar la base generando mayor riqueza, además de mejorar la eficiencia del gasto público y luchar contra el fraude y la economía sumergida.

En el ámbito autonómico otro elemento que condiciona nuestra competitividad es el sistema de financiación. Nuestro principal reto: terminar con la discriminación financiera --superior ya a los 20.000 millones de euros-- que castiga a la Comunitat Valenciana.

AÑO TRAS AÑO, los valencianos repetimos como los peor tratados por el modelo de financiación. Cada valenciano recibe del Estado 2.330 euros al año para financiar la sanidad, la educación y otros servicios públicos esenciales, 198 euros por debajo de la media de las comunidades del régimen común y 641 euros menos que la comunidad más beneficiada por el sistema actual. ¿Hasta cuándo? En la visita que la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, realizó a la Comunitat Valenciana se comprometió a reforzar el sistema y hacerlo por mayoría; y el pacto alcanzado por socialistas y Compromís nos ha ofrecido el primer calendario, ocho meses para presentar una primera propuesta. Por mayoría y en ocho meses. En sólo un comienzo, pero a él tenemos que aferrarnos.

Menos financiación significa más déficit, menos recursos para innovación, para digitalización, para formación y para políticas que estimulen nuestra economía. En definitiva, menos competitividad.

Una competitividad que necesita que sean tenidas en cuenta, tanto las 130 prioridades empresariales que la CEV presentó antes de la primera cita electoral, como las 30 medidas que en materia fiscal aprobó nuestra junta directiva y con las que se busca aligerar la factura fiscal de los agentes económicos, que deben seguir generando actividad, reducir la incertidumbre e incentivar, como no, las inversiones.

Con diálogo, y sin imposición, será más fácil afrontar los riesgos a los que nos enfrentamos y avanzar hacia una economía moderna, competitiva, sostenible y atractiva para los inversores.

*Presidente de CEV Castellón