Un matrimonio de jubilados recupera su piso tras la marcha de una inquilina que llevaba dos años sin pagar: “No lo alquilaremos más”
Un matrimonio de jubilados ha recuperado al fin su piso en El Toro (Mallorca). La suya ha sido una odisea hasta lograr que la inquilina, que llevaba dos años sin pagar, abandonase la vivienda. Ahora quieren vender el piso. «Ya no nos fiamos», dicen

María Elena, delante del edificio residencial donde tiene su apartamento. / DM
Iñaki Moure
María Elena se ha quitado una gran preocupación de su cabeza desde hace unos días. La inquilina del piso que tenía alquilado en la localidad de El Toro ha dejado la vivienda. Llevaba unos dos años sin pagarles la renta mensual esgrimiendo su vulnerabilidad económica. Una renta que, dice María Elena, para ella y para su marido, José María, iba a ser el complemento ideal para su escasa jubilación como autónomos. Un deseo que se frustró.
«Han sido casi dos años así. En estas situaciones, sientes una gran impotencia. Lo vives con mucha rabia por dentro, porque ves que la justicia no te hace caso. Por eso estamos muy contentos de que por fin se haya arreglado», asegura María Elena, que remarca el agradecimiento que siente en especial hacia la Plataforma Afectados Ocupación y hacia la regidora del Ayuntamiento de Calvià Juana María Prats (Vox) por la ayuda que le han prestado en estos meses.
La inquilina había entrado a vivir junto con sus dos hijos y su pareja en el apartamento de este matrimonio calvianer. «Entraron pagando perfectamente. Sin problema. Pero el problema vino cuando se separaron. El hombre se fue a su país, Irlanda. Y ella se quedó aquí con los críos», recuerda María Elena, en declaraciones a este diario.
«A regañadientes»
A partir de ese momento, sigue relatando, la inquilina continuó pagando, pero «a regañadientes». Luego la arrendataria empezó a pedir ayuda económica al Ayuntamiento de Calvià, hasta que «dejó de pagar».
«Ella decía que no trabajaba, que no podía. Y yo me preguntaba cómo una mujer, que tiene 45 años que la ves y que está fuerte, no puede trabajar», dice María Elena.
«Este apartamento lo compramos pensando en alquilarlo y complementar nuestra pensión. Toda la vida hemos trabajado como autónomos y, en nuestro caso, al final de jubilación no se cobra demasiado. Queríamos pasar la jubilación con más desahogo», relata esta propietaria, que abunda en la sensación de impotencia que sintió al recurrir a la justicia y comprobar que «no se podía hacer nada».
«Esa impotencia me daba ganas de llorar», apunta. Asegura que se ha encontrado el piso «bastante destrozadito, con la entrada mal, paredes desconchadas, cristales rotos, la encimera hecha añicos».
Desde que se extendió la noticia de que finalmente habían recuperado el piso, han recibido bastantes propuestas de interesados en alquilarlo. Pero María Elena dice que, «sintiéndolo mucho» porque sabe que hay mucha gente en búsqueda de una vivienda, su intención es arreglarla y ponerla a la venta. «Estamos escarmentados. Ya no nos fiamos», declara.
Desde la Plataforma Afectados Ocupación, su portavoz, Ricardo Bravo, explica que éste es un ejemplo más de la «inquiokupación» que propició un decreto aprobado en pandemia para dificultar los desahucios de personas con dificultades económicas acreditadas por un informe de los servicios sociales.
«Esto sigue vigente lo que hace que algunos se aprovechen para vivir a costa de otros», expone. Bravo informa de que han mantenido reuniones con administraciones autonómicas, Baleares incluida, y con ayuntamientos para aplicar cambios normativos que garanticen la lucha contra la okupación.
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