Visto para sentencia el juicio al ‘hacker’ ruso que el FBI atrapó en Castelló

En el tercer y último día de juicio oral por el caso que condujo al FBI y la UCO hasta Castelló, todo quedó visto para sentencia. El Ministerio Público Fiscal mantuvo en su turno de palabra la petición de 15 años de prisión para el supuesto hacker ruso, pese a que reconoció que ha colaborado «relativamente» con la investigación y también pese a que restó gravedad a uno de los cargos. Lo juzgan por una posible estafa, descubrimiento y revelación de secretos, pertenencia a grupo criminal y blanqueo.

Además, el fiscal solicitó dos años de prisión para su supuesto colaborador por blanqueo (la defensa de éste pidió la absolución por irregularidades «flagrantes» en la obtención de pruebas y en la cadena de custodia de las mismas).

Más de 5.500 millones de usuarios y contraseñas

Según Fiscalía, «hay una abrumadora evidencia» para condenar por todos los cargos al principal acusado, un ciudadano ruso residente en Castelló y que era conocido en internet por el alias de Loquero. La acusación recordó que durante el juicio, los testigos de la Guardia Civil que investigaron los hechos han detallado cómo operaba Loquero: obtuvo 5.531 millones de pares de usuarios y contraseñas de servicios de manera ilegal (según la UCO comprando bases de datos), y otras 235 combinaciones de cuentas de banca on line, las cuales vendió a terceros para que cometieran delitos. Obtuvo así 647.000 euros.

Otro de los puntos que enfatizó la Fiscalía fue la finalidad para la que el acusado usó los programas informáticos que utilizó. «Él se limita a decir que tenía interés de aprender [sobre programación], pero el problema es que usaba ese tipo de programas para delinquir. Es el ejemplo del cuchillo de toda la vida: tú puedes tener un cuchillo en casa y lo puedes utilizar para cortar jamón o para matar a alguien», expuso el fiscal. También advirtió que la UCO restó credibilidad a la versión de Loquero, que dijo que vendía los pares de usuarios y contraseñas obtenidos sin consentimiento solamente para que empresas hicieran publicidad. «Para hacer mailing no necesitas contraseñas de nada», agregó.

"Tren de vida alto"

«El acusado se vino arriba y empezó a hacer una actuación más intensa [en internet]. Mantuvo contacto con uno de los administradores de Slilpp [la plataforma donde vendía su contenido y que en 2021 fue clausurada por el Gobierno de Estados Unidos] hasta lograr una coordinación que excede la pura venta», insistió el Ministerio Público.

Apuntó además que Loquero llevó un "tren de vida alto", algo que dijo en el juicio uno de los últimos testigos, que se refirió a "viajes y lujos". En este sentido y en cuanto al blanqueo, recalcó que a una cuenta de una empresa legal de Loquero pero sin apenas actividad había ingresos "de más de 100.000" euros.

La defensa considera mala la investigación

Mientras tanto, la defensa pidió la absolución de todos los delitos, excepto el blanqueo, que reconoció con la consideración menor de «blanqueo imprudente».

El abogado de Loquero calificó de mala la investigación de la UCO. Apuntó a que las pesquisas paralelas de Europol, en la llamada operación Ozymandias, dieron con los nombres de usuarios que habían sido estafados en el caso que involucraba a Loquero y que a ninguno de ellos habían llegado con los datos que proporcionó el acusado, sino vendidos por otros hackers. «La UCO podría haber cogido y decir, ‘vamos a acreditar que realmente se estaban vendiendo datos reservados’. En derecho penal hay que probar, y estaba en autos la herramienta para probar y no se ha utilizado. Para cometer delito contra la intimidad tiene que haber un perjudicado, cosa que no se ha demostrado. Era fácil llamarlos. Incluso había afectados en Castellón, en Altura por ejemplo», finalizó.

La Fiscalía admitió que no se han podido poner "nombres y apellidos concretos" de las víctimas, "pero eso no significa que no haya perjudicados", consideró.

Por último, la defensa pidió que se tenga en cuenta la colaboración con las autoridades desde el día de la detención. Una operación de detención, por cierto, en la que la defensa dijo que el FBI y la UCO consiguieron "un consentimiento totalmente viciado" y sin informar bien de sus derechos al acusado para entrar a hacer el registro de sus oficinas en la plaza Santa Clara.

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